La renta de 426 euros destinada a los parados que han agotado sus prestaciones por desempleo podría ser la próxima víctima del duro plan de recorte del díéficit iniciado por el Gobierno. Desde el Ministerio de Trabajo admitieron ayer que la ayuda (con un coste de 900 millones en el primer tramo de seis meses) podría eliminarse en agosto, pese a que el compromiso inicial del Ejecutivo fue mantenerla mientras el paro supere el 17%.
Obligado por los mercados y la Unión Europea, el Gobierno de Josíé Luis Rodríguez Zapatero ha llevado a cabo un histórico recorte del gasto social. Aunque íél mismo y su gabinete han defendido a capa y espada que el drástico plan de ajuste ha evitado tocar las prestaciones que reciben los parados, esta partida podría ser la próxima en sufrir el tijeretazo. "Una cosa es mantener el sistema de protección por desempleo, que no se ha planteado nunca su modificación", matizaba ayer la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, y otra "si procede o no la prórroga del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción". El Prodi no es, ni más ni menos, que la renta de 426 euros que el Gobierno aprobó el pasado verano para los parados que han agotado su cobertura contributiva y asistencial.
"Es una ayuda coyuntural", recordó ayer Rojo, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la entrega anual de los premios del Instituto Great Place to Works. Su carácter temporal, sin embargo, quedó condicionado cuando el Consejo de Ministros la aprobó el pasado agosto. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández, manifestó entonces el compromiso del Gobierno de prorrogar los periodos de seis meses de la ayuda "mientras la tasa de paro supere el 17%". Hoy día, el desempleo alcanza ya el 20,05%, y la previsión del Ejecutivo es cerrar el año en el 19%.
Así pues, suprimir la renta en agosto, cuando finaliza la segunda etapa del programa, llevaría al Ejecutivo a romper otra vez su palabra, tras incumplir el pacto salarial que firmó con los sindicatos de la función pública en septiembre.
Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que "por el momento, no está sobre la mesa" eliminar esta ayuda como parte del programa de reducción el díéficit. Inciden en que su renovación acaba de ser aprobada en febrero, y que no será hasta agosto cuando se abra este debate.
Hasta el ahora, 396.684 desempleados se han visto beneficiados del primer tramo de la ayuda de 426 euros, correspondiente a todo el año pasado. El coste de este periodo ronda los 900 millones de euros. Una cifra algo menor a la prevista, debido a que hay 200.000 beneficiarios potenciales que no la han recibido, principalmente porque quedan excluidos quienes perciben ingresos superiores a los 468 euros mensuales. Para los dos semestres de este año, por el momento se han apuntado unos 90.000 parados, el Gobierno aprobó un presupuesto de casi 800 millones de euros. El ahorro, de eliminarse la ayuda el próximo verano, podría superar los 400 millones, sólo en 2010.
Aunque el programa nació "ligado a itinerarios de empleo", este axioma ha marcado el gran fracaso del Prodi. Sólo el 5% de quienes han recibido la renta han encontrado un puesto de trabajo durante el periodo de cobertura.
"Más cerca de la huelga general"
"Se trata de una nueva ocurrencia", espetan desde Comisiones Obreras sobre la posibilidad de que la ayuda desaparezca, "de un Gobierno que no para de ganar números para recibir la máxima contestación de los trabajadores". La posibilidad de convocar un paro general va ganando fuerza cada día que pasa en los pasillos de las centrales sindicales. "Hoy se está más cerca del escenario de huelga general que hace una semana", confirmaba ayer Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO.
Y es que el Prodi es tan hijo de las políticas sociales de Zapatero, como de su relación con los sindicatos. Tras el sonado fracaso del pacto social tripartito del pasado julio, acuerdo en el que iba a ser incluida la renta de parados, el Gobierno negoció su creación con CC OO y UGT.
Gravar más a los ricos divide a las vicepresidentas
Los miembros del Gobierno se contradijeron ayer, una vez más desde que se anunciaran las nuevas medidas para atajar el díéficit, sobre la posibilidad de acometer una nueva subida de impuestos. Si la semana pasada fue el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, quien aseguró que se tomarán medidas a "corto plazo" para gravar más a "aquellos que más tienen", ayer fue la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien afirmaba que "se está evaluando" subir los impuestos sobre las rentas más altas. En ambos casos, sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha rechazado tajantemente dicha opción.
"Nada está excluido, pero en este momento no hay ninguna propuesta ni tampoco ningún estudio concreto", resaltó Salgado desde Bruselas. "El presidente y yo misma hemos tenido oportunidad de decir que las medidas adicionales las estamos haciendo y planteando como reducción del gasto público", agregó la responsable económica. "Hemos querido presentar todo un conjunto de medidas siguiendo esa reducción que habíamos anunciado del gasto del conjunto de las administraciones y por tanto eso es lo que hemos anunciado y eso es lo que hemos presentado", concluyó.
La demanda de involucrar a los más ricos en el "sacrificio" del recorte flota en la sociedad, y ha sido demandada por parte de la oposición y por los sindicatos. Otros miembros del Gobierno, como el ministro de Fomento, Josíé Blanco, tambiíén la han sugerido. Pese a ello, Salgado mantiene que "un decreto ley no puede nunca contener medidas fiscales", por lo que cualquier decisión al respecto quedaría descartada, al menos, hasta la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2011.
Reforma laboral
El Ejecutivo ha citado a sindicatos y patronal para retomar la negociación de la reforma laboral mañana. UGT y CC OO, que reclamaron la reunión, han advertido a Trabajo que no acudirán dicho día, en el que tienen previstas protestas contra el recorte del gasto social. Trabajo estudia cambiar la cita.
