Los altos funcionarios integrados en la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), que agrupa a 32 asociaciones de funcionarios de los cuerpos superiores de la administración, afirma que las medidas adoptadas son "el mayor ataque que ha experimentado el sector público en la historia de nuestra democracia" y denuncian que se les imponga "un castigo superior que al resto de cuerpos del sector público". Creen que son necesarias otras medidas para combatir los grandes desequilibrios macroeconómicos de España y un mayor rigor en el gasto.
"Fedeca es consciente de la grave situación económica que atraviesa España, que exige que se adopten decisiones para corregir el profundo deterioro fiscal, pero esta crisis no ha sido provocada caso por los empleados públicos, sino por una política errática sobre la organización y funcionamiento del sector público. Por tanto, los funcionarios no son causa de la crisis, sino victimas de decisiones políticas ineficientes", señala el sindicato en un comunicado. Creen que el sobrecoste salarial en el sector público proviene principalmente de una organización administrativa llena de ineficiencias y duplicidades.
Estos profesionales afirman que el deterioro de las cuentas nacionales se viene evidenciando en los últimos dos años; sin embargo, "las medidas anunciadas parecen el resultado de un ejercicio de rectificación repentina que no dará respuesta a los desafíos que tiene el país que deberían ser atendidos, desde la responsabilidad y la eficacia, por nuestros poderes públicos". "La reducción media del 5% de las retribuciones de los empleados públicos, además de ser una medida profundamente injusta, es tambiíén demagógica y tramposa, al no existir otras que impidan la contratación de más personal eventual y asesores de alta retribución", continúan.
Creen que un ajuste general sobre toda la masa salarial de los empleados públicos supone, al fin y al cabo, un reparto entre todos los funcionarios "del coste innecesario que provoca la existencia de estructuras administrativas superpuestas y de personal de confianza que han sido contratados por razones estrictamente de oportunidad, y que poco o nada aportan a la satisfacción de los intereses generales".
Clientelismo político
Para solventarlo sería necesario, según afirman, revisar la composición, origen y formación de los múltiples asesores y eventuales que ocupan puestos en Gabinetes y otros nichos de confianza política en todas las Administraciones que "merman la capacidad, favorecen la desprofesionalización y el clientelismo político". De hecho, mientras que la Oferta de Empleo Público para el año 2010 en la Administración General del Estado es de 731 plazas, en lo que va de año ya se han consolidado el doble de puestos para interinos, empleados contratados extramuros de las exigencias que se requieren para el reclutamiento objetivo y neutral de funcionarios.
Para racionalizar las estructuras administrativas, Fedeca propone medidas como la de reducir el número de vicepresidencias, de Ministerios, de Secretarías de Estado y Secretarías Generales con rango de Subsecretaría, dependientes de Secretarías de Estado. Sobre estas últimas, "cualquier experto en análisis de estructuras administrativas sabe que ese tipo de dependencias hacen inútil la tarea de uno de los dos estamentos, por lo que deberían eliminarse alguno de ellos y sus correspondientes gabinetes", señalan. "Tampoco se conocen medidas de supresión de gastos superfluos, la reforma del ríégimen jurídico de las subvenciones o la reducción de retribuciones en personal de entes subvencionados, ni medida alguna que mejore las estructuras económicas del país".
¿Y quíé pasa con el fraude fiscal?
Por ejemplo, " mientras se distribuye el recorte sin ningún análisis interno de eficiencia, se echa de menos una política eficaz de lucha contra el fraude fiscal y laboral ante la enorme bolsa de economía sumergida. Asimismo, mayor control de muchas entidades públicas que han proliferado en los últimos años y de fondos sin personalidad jurídica que han propiciado grandes masas de críédito presupuestario sin casi control, entidades en las que ha anidado la sobrecontratación de personal con altos niveles de costes salariales. Sorprende que muchas de estas entidades escapen a las medidas de ajuste propuestas por el Gobierno".
El recorte, además, discriminará a los funcionarios de la Administración General del Estado, ya que "la aplicación del recorte no se va a realizar de forma idíéntica en todas las Administraciones, cuando las autonómicas y locales son las que han engrosado, en mayor medida, el número de funcionarios, el montante de sus retribuciones y, en consecuencia, el gasto público. Si el reparto se impusiera a todas las Administraciones Públicas, la base del ajuste sería diferente, pues en las Administraciones territoriales se han aprobado retribuciones muy superiores a las de los funcionarios del Estado: abundan los supuestos en que funcionarios de Cuerpos Tíécnicos en determinados Ayuntamientos españoles perciben retribuciones superiores a las de los funcionarios de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado. En suma, se consolidan las desigualdades salariales entre diferentes Administraciones Públicas".
Salarios sin límites
A ello se suma que mientras los empleados públicos ven recortadas sus retribuciones, "no hay límites a los salarios que perciben los empleados de las entidades subvencionadas por la Administración del Estado, remuneraciones que palidecen en ciertas ocasiones los salarios de los empleados públicos mejor pagados en el sector público estatal, por no aludir a otros importantes renglones del gasto".
Esfuerzo sin recompensa
"Esta medida constituye el mayor atentado a los principios constitucionales de míérito y capacidad en la selección de empleados públicos. Con ella, el esfuerzo no tiene recompensa. En cualquier país desarrollado se favorece, se incentiva la consecución de una óptima preparación que fomente el desarrollo personal y, en consecuencia, el progreso colectivo, y pertenecer a un Cuerpo Superior de la Administración General del Estado supone el haber tenido que dedicar cinco años a los estudios universitarios y un promedio de tres años a superar una oposición que acredita la preparación tíécnica. Pues bien, "haber conseguido, con esfuerzo personal, esa preparación que garantiza una Administración profesional, tíécnicamente preparada e independiente no sólo no se fomenta sino que se penaliza, sin ningún incentivo para trabajar al servicio del interíés general".
Finalmente, Fedeca denuncia que esta medida unilateral viola las normas de negociación establecidas en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) bajo cuya ley se había pactado para 2010-2012 una subida salarial que ahora se ha vulnerado, "ante el que se adoptarán cuantas acciones sean procedentes".
