El desorden de las finanzas del Estado ha obligado a poner a dieta al sector público. El Gobierno ya anunció una reducción del número de sociedades participadas por la Administración central que, a partir de ahora, quiere trasladar a las comunidades. Sin embargo, en el último inventario oficial de entes autonómicos ni siquiera estaban todas las que son.
Desde la última publicación el 1 de julio de 2009, se han dado de alta en el inventario 178 entes, hasta los 2.181. De estos, sólo 17 son nuevos. Es decir, 161 organismos con participación de las comunidades resultaban invisibles para la contabilidad oficial. En concreto, destaca la emergencia de 66 nuevas sociedades mercantiles, 57 fundaciones y 33 consorcios, según datos de la Secretaría de Estado de Hacienda.
El Gobierno argumenta que este cambio es fruto del "compromiso de transparencia" acordado con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y tambiíén alega que el recuento sólo cubre hasta el 1 de enero de 2010 y que, por tanto, no tiene en cuenta las "medidas de racionalización" que se han comenzado a tomar este año.
Lo que sí queda patente en las estadísticas es la inacción de las comunidades para adelgazar su entramado de organismos públicos en el peor ejercicio de la recesión. En 2009, tan sólo se dieron de baja 9 entes de titularidad regional.
Más de la cuenta
El control de las empresas públicas fue uno de los mensajes más recurrentes del ex vicepresidente económico, Pedro Solbes, cuando Josíé Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa.
Tras su experiencia al frente de la Comisaría de Asuntos Económicos de la UE, Solbes era consciente de que este tipo de organismos son una vía para maquillar el balance fiscal de los Estados.
Y, por supuesto, el de las comunidades. De hecho, la deuda de las empresas públicas regionales supera ya los 15.400 millones de euros, según el Banco de España. De los cuales, 7.260 millones corresponden sólo a Cataluña.
Precisamente ayer, la Generalitat acordó reducir un 5% el número de altos cargos y directivos de las empresas públicas, así como el recorte del número de entidades del sector público. De un total de 247 entes, desaparecerán 63 para integrarse en otras, fusionarse o disolverse.
El resto de comunidades deberá seguir en esta línea, ya que fue uno de los acuerdos alcanzados en el último Consejo de Política Fiscal para cumplir los objetivos de díéficit en 2013.
Programa central
A principios de mayo, el Gobierno anunció un plan de racionalización del sector público empresarial para eliminar 29 sociedades y alcanzar un ahorro de 16 millones de euros.
Entonces, la vicepresidenta económica situó en 106 el número de empresas con participación del Estado. Pero en el listado oficial publicado por Hacienda aparecen bastantes más: 211.
Es decir, a pesar del tijeretazo, el Estado va a seguir siendo el dueño mayoritario de 186 sociedades mercantiles.
