La Comisión Nacional de Competencia (CNC) pone a la contratación pública y a las Uniones Temporales de Empresas (UTE) en el punto de mira. Primero, ha sancionado a cuatro empresas del sector de gestión de residuos sanitarios por el reparto del mercado de los clientes de la sanidad pública mediante la creación de UTE u otras vías.
Y, en segundo lugar, la CNC, en el marco de la elaboración de una Guía sobre Contratación Pública, “está valorando las consecuencias que para la competencia en los mercados objeto de licitaciones públicas puede tener la participación de empresas mediante la UTE y la Agrupación de Interíés Económicoâ€.
Ante este control sobre la contratación pública, que podría amenazar a un sector especialmente castigado por la crisis, Competencia no olvida que “estas figuras puede tener efectos beneficiosos para la participación de pymes y para la financiación de grandes proyectosâ€. Sin embargo, recuerda que “su constitución para participar en licitaciones públicas debe ser adecuadamente analizada para evitar un falseamiento de la competencia en estos procesosâ€.
así lo hace en la resolución, en la que constata “el reparto de los clientes públicos†que las empresas sancionadas practicaron “mediante la coordinación en la presentación de ofertas a distintos concursos convocados por las autoridades sanitarias de diversas CCAA: bien mediante la creación de UTE, cuando era viable tíécnica y económicamente que las principales empresas compitieran entre sí, bien por otros medios, como no presentarse a determinados concursos, hacer ofertas no competitivas o acordar los tíérminos de las ofertas a realizarâ€. Estas infracciones se saldan con una sanción total de cerca de 7,5 millones de euros.
Las Administraciones Públicas juegan un papel destacado en los mercados de bienes y servicios a travíés de la contratación pública. En España esta actividad representa aproximadamente un 15% del PIB. Por lo tanto, destaca la CNC, “una contratación pública competitiva y eficiente es por tanto fundamental para salvaguardar el interíés de consumidoresâ€.
Esta cuestión ya fue tratada por la CNC en su Informe de 2008 sobre Recomendaciones a las administraciones públicas para una regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia, que incluye recomendaciones específicas para el fomento de la competencia en las contrataciones.
En cualquier caso, Raquel Ballesteros, socia de Bird & Bird, alaba la iniciativa de Competencia: “Hay una gran necesidad de que la CNC vigile el sector públicoâ€, asegura. A su juicio, “las UTE juegan un papel muy importante en la contratación, pero esto no quita para que extremen el cuidado y no se unan con ánimo colusorioâ€. Ballesteros concluye que “el mayor riesgo de corrupción, sin embargo, se encuentra en el concierto con la Administraciónâ€.
Por último, Josíé Díaz-Caneja, director gerente delForo PPP, cree que hay peligro si constituyen la UTE filiales de la misma empresa.
El precedente del tribunal vasco
La Comisión Nacional de Competencia no ha tratado como fondo de un asunto la posible infracción que realicen unas UTE. De momento ha dejado entrever su prevención ante esta fórmula en una resolución de 2003 y, con mayor claridad, en la sanción a la UTE de gestión de residuos sanitarios. Así lo apunta, además en la ‘Guía sobre Contratación Pública’ que prepara. A su vez, el Tribunal de Defensa de la Competencia del País Vasco ya abrió la puerta al control de la contratación pública en una resolución en que analizó pliegos del Ayuntamiento de Bilbao.
