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Autor Tema: Negocios hispanos en Arizona obligados a cerrar por temor a la SB1070...  (Leído 377 veces)

OCIN

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 La crisis económica, la falta de clientela y la aprobación de la ley estatal SB1070 son algunas de las causas por las que muchos negocios latinos están cerrando sus puertas en Arizona.

"La recesión económica ha sido muy fuerte para todos, pero particularmente para los negocios latinos. A esto se le agrega ahora que muchos de ellos están perdiendo a diario su clientela ante la próxima implementación de la ley estatal SB1070", dijo hoy a Efe James E. Garcí­a, director de comunicación de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona (AZHCC).

Garcí­a recordó que en Arizona se han aprobado varias leyes estatales en contra de la inmigración indocumentada en los últimos años, que cambiaron el sistema de educación bilingí¼e en el estado, negaron servicios públicos a los inmigrantes indocumentados y una de las más recientes, la de sanciones de empleadores, que penaliza a los negocios que contraten trabajadores indocumentados.

"Estas leyes han tenido el propósito de hacer la vida miserable a los inmigrantes indocumentados, la SB1070 es la más reciente de ellas, pero considero que es la que está provocando el mayor temor, particularmente entre los indocumentados", enfatizó Garcí­a.

Según Garcí­a, muchos negocios han reportado que sus ventas han disminuido considerablemente desde que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la SB1070 el pasado 23 de abril.

Principalmente, han cerrado negocios pequeños ubicados en vecindarios con altas concentraciones de población hispana, que fueron establecidos con el propósito de atender las necesidades de la comunidad inmigrante.

Uno de estos casos es el del restaurante "Campeones", en Mesa, Arizona, del que uno de sus copropietarios es el boxeador mexicano Julio Cesar Chávez, y que la semana pasada cerrara sus puertas despuíés de poco más de un año de operaciones.

Con una inversión aproximada de 4,5 millones de dólares, el restaurante contaba con un centro de eventos para 700 personas.

Brian Weymouth, presidente de las empresas Julio Cesar Chávez, dijo a medios locales que la clientela del restaurante habí­a disminuido considerablemente antes y despuíés de la firma de la SB1070.

"Mi clientela ha bajado mucho en el último mes, yo creo que en un 40 por ciento", dijo a Efe Manuela Dí­az, dueña de una peluquerí­a en Phoenix.

Dí­az, cuya clientela es en un 99 por ciento hispana, comentó que los inmigrantes no dejan de hablar sobre la SB1070.

"Mucha gente solo estaba esperando que terminaran las clases en las escuelas para irse a otros estados; los esposos de algunas de mis clientas ya se han ido a buscar un nuevo lugar para la familia y cuando tengan trabajo van a mandar por ellos", dijo Dí­az.

Aseguró que ella misma se encuentra estudiando la posibilidad de cerrar su negocio y mudarse con unos familiares en Nevada, donde con su ayuda podrí­a abrir otro negocio.

Mientras, las filas de espera en el Consulado General de Míéxico en Phoenix se han incrementado considerablemente en las últimas semanas.

Inmigrantes indocumentados como Carlos Cervantes, de 44 años de edad, dijo que ya se encuentra listo para regresar a Míéxico, por lo que solo le falta acudir al Consulado de Míéxico para revalidar los estudios de sus hijos hechos en EEUU para que pueda inscribirlos en escuelas públicas mexicanas.

Lo que más preocupa a Cervantes es la idea de que lo puedan meter a la cárcel solo por no tener papeles.

Por su parte, Garcí­a afirmó que a la larga el cierre de negocios hispanos y el íéxodo de estos a otros estados van a afectar a todos los negocios por igual, pequeños y grandes.

La AZHCC dijo no contar con cifras de cuantos negocios han cerrado, pero resaltó que esta situación salta a la vista al recorrer las calles de los barrios hispanos en ciudades como Phoenix, Guadalupe y Mesa.

La ley estatal SB1070 entrará en vigor el próximo 29 de julio y es la primera en EEUU en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados. Tambiíén otorga funciones de inmigración a los departamentos policí­acos locales, entre otros.

Actualmente, hay cinco demandas en contra de la SB1070 que buscan frenar su implementación. EFE


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