El Gobierno del reciíén nombrado primer ministro japoníés, Naoto Kan, aprobó hoy una nueva estrategia de crecimiento hasta ejercicio de 2020 para crear más demanda, empleo y fortalecer la salud fiscal del país con la mayor deuda pública del mundo.
La presentación de este ambicioso plan, con el horizonte del año fiscal que finaliza en marzo de 2021, tiene la intención de poner freno a problemas endíémicos de la segunda economía mundial, como la deflación, el estancamiento del crecimiento y una deuda pública que duplica al Producto Interior Bruto (PIB).
La llegada de esta estrategia de crecimiento coincide con la convocatoria de elecciones parciales al Senado fijadas para el 11 de julio y con la presentación del programa del gobernante Partido Democrático (PD) que pone el acento en la política fiscal y no descarta una subida del impuesto sobre el consumo.
En la presentación de su manifiesto, Kan advirtió de que "si no nos esforzamos en reconstruir las finanzas de la nación, una institución como el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría acabar controlando cada cosa que hacemos" y añadió: "debemos rehabilitar las finanzas por nosotros mismos", informó hoy el diario Nikkei.
El PD, que puso fin en septiembre a más de medio siglo de dominio conservador del Partido Liberal Demócrata (PLD), se enfrentó a comienzos de mes a la dimisión del primer ministro Yukio Hatoyama, a quien Kan sustituyó el pasado ocho de junio.
El nuevo Ejecutivo quiere centrar sus políticas "en la salud fiscal sin descuidar las políticas sociales", según dijeron a Efe fuentes gubernamentales.
En concreto, para el año fiscal 2020 Japón espera asegurar un crecimiento anual de su PIB en el dos por ciento, que los precios suban de manera estable desde 2011 y crear demanda en nuevos sectores por valor de 123 billones de yenes (1,09 billones de euros) y 5 millones de puestos de trabajo.
Los sectores estratíégicos en los que se centrará este plan serán el medio ambiente, con el objetivo de alcanzar el plan de reducción de emisiones en un 25 por ciento en 2020 respecto a los niveles de 1990; la sanidad, para dar servicios a una población cada vez más envejecida, y el turismo
