La nueva Ley Minera definirá que una parte de las utilidades que obtienen las empresas privadas mineras sea reinvertida en territorio nacional, informó ayer el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Gerardo Coro Ayarachi.
Actualmente, las empresas privadas extranjeras remesan sus utilidades (ganancias) a sus países de origen. En Bolivia operan empresas de EEUU, Canadá, Japón, Australia e India. Los lineamientos que servirán para la elaboración de la nueva ley del sector se definieron en el seminario taller
“Nueva Ley Mineraâ€. El evento se llevó a cabo del 7 al 10 de junio en la localidad de Huajchilla y contó con la participación de los diferentes operadores mineros y organizaciones sociales.
“Estamos viendo la forma de obligar a las empresas para que reinviertan sus utilidades en el país sin estar incrementándoles el porcentaje de regalía mineraâ€, reveló Coro Ayarachi en entrevista con La Razón.
El porcentaje que las empresas pagan por regalías mineras en Bolivia es uno de los más altos de la región y cada empresa realiza una reinversión de acuerdo con su proyecto y al tamaño del mismo, “sin embargo, esto (la reinversión) necesariamente debe estar normado en la ley (…); habrá que ver la manera de retener la inversión para que no salga del paísâ€, afirmó.
Ante la consulta de si el Gobierno definiría un porcentaje de reinversión por las utilidades de los operadores mineros, el viceministro de Política Minera aseguró: “Por supuestoâ€.
La nueva Ley Minera impulsará además el proceso de industrialización. “El presidente (Evo Morales) ha sido claro en que tenemos que entrar a la etapa de la industrializaciónâ€, recordó.
El Estado, dijo, espera el inicio de operaciones de la planta de Karachipampa para la fundición de minerales como el plomo, la plata y el zinc. “Las empresas que explotan ese tipo de materiales están en la obligación de entregar a esta planta (los minerales)†para su tratamiento correspondiente y su industrialización, afirmó Coro.
“Si estamos hablando de industrialización, esa materia prima que ellos (las empresas) están sacando al exterior tendría que quedarse en el país para su correspondiente industrialización; esa situación está en pleno análisis con los mismos operadores mineros, porque ellos nos han planteado (el tema)â€, expresó Coro. Hay “muchas cosas†que todavía no están “en claroâ€, pero existe un “buen avance†con las empresas en el tema impositivo y las negociaciones con las mismas continuarán “porque, en definitiva, ellos son los que ponen la plata y tienen que ver cómo se va a hacer el aporte correspondiente al Estado bolivianoâ€, sostuvo.
El 11 de junio, luego de haberse concluido el seminario para definir los lineamientos de la nueva ley, el ministro de Minería, Josíé Pimentel, manifestó que se había logrado “una buena conceptualización†de lo que debería ser la minería moderna en Bolivia: eficiente, rentable y responsable.
La segunda fase de la discusión sobre los lineamientos de la nueva ley se reiniciará con la participación de gobiernos departamentales y las organizaciones sectoriales a nivel nacional. Una vez concluido este trabajo se elaborará la ley para su posterior envío a la Asamblea Legislativa.
Incluirán la consulta indígena
El viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Gerardo Coro, afirmó ayer que la nueva Ley Minera incluirá la figura de la consulta a los pueblos indígenas antes de la realización de un proyecto de minería. “Aunque facilita la inversión, no hay artículos en el actual Código Minero que eviten el problema de la contaminaciónâ€, dijo.
Cooperativas mantienen sus prerrogativas en concesiones
La nueva Ley de Minería prevíé que las concesiones mineras deben migrar a contratos mineros, pero mantendrá las concesiones de las cooperativas bajo la figura de “concesión preconstituidaâ€, aseguró ayer el viceministro de Política Minera, Gerardo Coro.
“La Constitución les da a los concesionarios un plazo de un año para migrar al contrato minero, excepto el sector cooperativo, el cual mantendrá su concesión bajo la figura de concesiones preconstituidasâ€, precisó. “El Estado reconoce y respeta los derechos preconstituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo socialâ€, indica la Carta Magna en sus disposiciones transitorias.
