La maraña administrativa de las comunidades autónomas crece sin cesar y sin atender a la necesidad de recortar el díéficit y la creciente deuda, que ha aumentado en el primer trimestre el 28%.
Los gobiernos autonómicos tienen una enorme propensión a la creación de entes públicos, la mayoría de ellos de dudosa justificación y que a la postre se convierten en un sumidero de subvenciones y de píérdidas económicas.
En sólo seis meses, las comunidades autónomas (excepto el País Vasco, que no aporta datos) han creado 202 nuevos entes públicos de distinta naturaleza, consorcios, empresas públicas, fundaciones, organismos autónomos administrativos y comerciales... (En este dato se han excluido las universidades, que son 46 y las sociedades sin ánimo de lucro, que son 13, lo que elevaría realmente la diferencia en el total en 59 organismos más).
Nada falta a la imaginación de los gobiernos de las autonomías para ampliar escandalosamente el número de entidades en paralelo de la administración para dar cabida a intereses colectivos concretos, para solucionar problemas que crea la limitación de la contratación pública o simplemente, para dar albergue remunerado a los militantes de cada Gobierno.
Ni una sola de las comunidades autónomas recortó el número de entes de su jurisdicción y todas ellas los aumentaron en el segundo semestre de 2009, cuando la crisis económica presentaba los perfiles más angustiosos y cuando el díéficit público se disparaba hasta máximos históricos desconocidos. No sólo eso, sino que algunas de las comunidades autónomas que ahora han anunciado subidas de impuestos para reducir los respectivos díéficit, son las que cuentan proporcionalmente con mayor número de entes y las más creativas en los últimos meses.
Entre Cataluña (con 377 entes a primero de enero de este año) y Andalucía (con 317, según datos de julio de 2009) copan el 31,6% de los entes públicos autonómicos, si se añade Baleares, la tercera comunidad en esta clasificación, con 171 entes, alcanzan entre las tres, prácticamente el 40%.
Por la tipología de los entes, el más utilizado es el consorcio, de los que hay constituidos 683 en las administraciones autonómicas, el 31,1% de los entes públicos. Son Cataluña, con 165 y Andalucía, con 147, las más activas. A continuación se sitúan las sociedades mercantiles, que tienen una gran flexibilidad operativa, y que totalizan 605 entes, el 27,5% del total de entidades dependientes de los gobiernos regionales.
Nuevamente Andalucía, con 80 entidades y Cataluña, con 68, ocupan los primeros lugares. Otra fórmula muy utilizada para estas entidades es la de las fundaciones, que alcanzan 466 entre todas las administraciones autonómicas, aunque algunas de íéstas pueden estar duplicadas porque participen en ellas dos o más gobiernos autonómicos.
En este caso la oscilación a la baja sería de no más de una docena de entidades. La comunidad con más número de fundaciones es Galicia, que contabiliza 63, frente a Cataluña, en segundo lugar, con 57.
A quíé se dedican
El catálogo de preocupaciones de esta tela de araña de organismos públicos autonómicos es casi ilimitado. Y, en justicia, no es siempre un despropósito. Por supuesto que entre ellas se incluyen los sectores públicos audiovisuales, en su inmensa mayoría deficitarios en su cuenta de explotación y a pesar de las subvenciones y la publicidad institucional.
La tendencia más acusada, y más costosa, está relacionada con la duplicación de estructuras con las del Estado. Casi ninguna se sustrae a replicar a la comisión de la competencia, muy pocas a la promoción internacional de cada comunidad autónoma, y ciertamente ninguna al deporte, desde la vela al motocross; desde la pala corta al barranquismo.
En el ámbito de las sociedades mercantiles uno se encuentra de todo, desde empresas desahuciadas en el sector privado, que viven sus últimos estertores pegadas al presupuesto público, a toda clase de iniciativas relacionadas con el sector de las nuevas tecnologías, de las energías alternativas, la iniciativa y la promoción turísticas y la promoción de espectáculos. Y por supuesto, el suelo y la vivienda. La gestión del suelo es un continuo para los gobiernos autonómicos, del que no se sustraen ni los más prudentes.
