Una resolución de una corte en Georgia anunciada esta semana sienta un importante precedente a favor de trabajadores agrícolas que reciben salarios inferiores a los establecidos por ley y envía un claro mensaje a las empresas que los contratan, según la organización que representó a los jornaleros.
En la demanda, interpuesta en 2006 por el Southern Poverty and Law Center (SPLC) a nombre de los jornaleros, se alegó que a los trabajadores no se les pagaba el monto adeudado por sus labores sembrando, recolectando y empaquetando los vegetales para la compañía Del Monte Fresh Produce Southeast (DMSE), una subsidiaria corporativa de Del Monte.
"Lo más importante de este caso es que se trata de pedirle a las grandes corporaciones que asuman la responsabilidad cuando usan subcontratistas", señaló a Efe Mary Bauer, directora legal de SPLC.
El acuerdo extrajudicial al que llegaron SPLC y la empresa Del Monte Fresh Produce Inc, incluye una indemnización monetaria para 63 trabajadores subcontratados en el sur de Georgia entre 2003 y 2006.
Los demandados acordaron pagar una indemnización monetaria, cuyo monto es confidencial, pero no aceptaron la responsabilidad en el caso, de acuerdo con documentos legales del SPLC.
La organización incluyó una moción para certificar la demanda como colectiva (class action), pero fue rechazada por el juez, indicó Bauer.
"El acuerdo solo afecta a los 63 trabajadores incluidos en la demanda pero recibimos un fallo muy amplio, que es muy importante para otros casos", afirmó la representante de SPLC.
De acuerdo con el equipo legal de la organización, pese a no haber logrado que la demanda fuera clasificada como colectiva el fallo emitido durante el proceso judicial sienta un importante precedente para otros trabajadores temporales en casos similares.
Este fallo señaló a DMSE responsable por las violaciones salariales, asegura representa una decisión importante ya que muchas compañías utilizan a menudo intermediarios para la contratación de trabajadores y así evadir las responsabilidades.
De acuerdo con la organización, muchos de sus representados dejaron atrás a sus familias y debieron invertir sumas considerables de dinero para trasladarse a trabajar a los condados de Wheeler y Telfair, en Georgia.
Algunos de los jornaleros incluidos en la demanda eran trabajadores temporales que llegaron a Estados Unidos con visa especial tipo H-2A, lo cual les permite trabajar únicamente para el empleador que tramitó el permiso.
SPLC señaló que el hecho de que estos trabajadores no podían cambiar de trabajo los exponía a una situación de indefensión en la que podían ser explotados de forma más fácil.
"Trágicamente, cuando los trabajadores temporales son engañados con sus sueldos, la corporación dice que es responsabilidad del contratista laboral", señaló Kristi Graunke, una de las abogadas de SPLC que trabajó en el caso y que asegura que la decisión de la corte podría ayudar a "detener esa tendencia".
El Southern Poverty and Law Center ha representado a otros trabajadores temporales en casos similares y ha testificado frente al Congreso para denunciar los abusos que aseguran se comenten en contra de este grupo.
