La crisis económica no perdona a nadie. Y menos a los ayuntamientos. En particular a aquellos que hasta hace bien poco anclaban su financiación en actividades urbanísticas y en ingresos de carácter no recurrente o extraordinarios. O a aquellos que han seguido gastando al margen del ciclo económico. Los últimos datos oficiales muestran que nada menos que 486 ayuntamientos de todo el país se encontraban a 1 de enero de 2009 con remanente de tesorería negativo. O dicho en otros tíérminos, no son capaces de cubrir sus gastos con ingresos. El remanente de tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos.
Lo peor, sin embargo, puede estar por venir. Aunque todavía no hay datos cerrados -ni siquiera un avance- fuentes oficiales de absoluta solvencia dijeron a El Confidencial que es muy probable que el número de ayuntamientos con píérdidas (remanente negativo) haya superado ya el millar a lo largo de 2009. Lo malo es que 2010 será todavía peor. Se considera, en concreto, que este año será el más negativo desde el punto de vista de la situación económica de los municipios. Al menos, a partir de 2011 las cosas irán mejorando gracias a las políticas de consolidación fiscal impulsadas por el Ministerio de Economía. Y que ha tenido su máxima expresión en la prohibición que tienen para endeudarse a largo plazo durante el año 2011. Las cifras sería todavía peores si todos los munciipios presentaran sus liquidaciones presupuestarias, pero lo cierto es que tan sólo ejerce esta obligación el 43% de los 8.115 ayuntamientos españoles, que representan al 84% de la población.
Los malos datos de los ayuntamientos no acaban ahí. Las cifras más recientes muestran que 1.754 municipios tienen un saldo negativo de operaciones financieras, es decir que existe un desequilibrio entre ingresos y gastos. Se encuentran, como se suele decir, en píérdidas. La diferencia con los remanentes negativos es que en este último caso, y siempre que el municipio no pueda reequilibrar sus cuentas al año siguiente, Hacienda obliga a los ayuntamientos a presentar un plan económico financiero con el objetivo de reestablecer el orden presupuestario. La Ley de Haciendas Locales obliga, de hecho, a que el municipio afectado recorte el gasto en el siguiente presupuesto en igual cuantía al díéficit registrado. Una circunstancia que difícilmente se puede cumplir en un contexto económico como el actual.
Diputación con problemas
No sólo los ayuntamientos tienen díéficit estructural. Las cifras oficiales dan cuenta de que una diputación provincial (del ríégimen común) y un consejo insular tienen tambiíém remante de tesoreria negativo.
La mala situación económica de muchos ayuntamientos no tiene nada que ver con un súbito empeoramiento de su financiación a cargo del Estado. Todo lo contrario. Más bien a su recurrente tendencia al gasto. En particular en personal. Mientras que las corporaciones locales representan alrededor del 13% del gasto público, su peso en el conjunto de empleados públicos ronda el 23%. Se da la circunstancia, incluso, que las dos partidas más importantes de sus ingresos no sufrieron merma alguna en 2008. El 38,9% de sus recursos tiene su origen en el Impuesto de Bienes Inmuebles (18,3%) y en las transferencias del Estado (20,6%), lo que signfica que casi el 40% de su presupuesto es prácticamente inelástico al cliclo económico.
Si se incluyen las transferencias corrientes y de capital de otras administraciones (comunidades autónomas o diputaciones) se estaría hablando de que prácticamente el 60% del presupuesto de los ayuntamientos está casi garantizado. Según las cifras de Hacienda, los ingresos vinculados a la actividad urbanística - tasas por licencias o aprovechamientos- representaron en 2007 (en plena expansón del sector) el 8,06% de los ingresos no financieros, siendo más importante este capítulo en los municipios con más de 50.000 habitantes. El 50,5% de esos ingresos patrimoniales correspondieron a venta de suelo, una prí ctica que se ha esfumado por la crisis inmobiliaria.
