Prisa ha marcado un gol a Mediapro y lo clebra hoy con fuertes subidas en bolsa, superiores en algunos momentos al 4%. El titular del Juzgado número 36 de Madrid ha ordenado ejecutar la sentencia que obliga a la empresa Mediapro a pagar 104 millones de euros a Audiovisual Sport (AVS), y la devolución a íésta de los derechos televisivos de los clubes de fútbol de primera y de segunda división.
Según informa en su edición digital El País (editado por el grupo PRISA, accionista de Sogecable, propietario a su vez del 80% de AVS), este juzgado, en un auto fechado el pasado día 21, ha pedido la relación de bienes y derechos de Mediapro. Además, el titular del juzgado ha solicitado a Mediapro que entregue a AVS los contratos del Valencia, el Levante, el Villareal y el Barcelona.
El juez, según la misma fuente, pide además a Mediapro que comunique a otros clubes, como Real Madrid o el Sevilla, la cesión de sus derechos audiovisuales a favor de Audiovisual Sport.
Por los daños causados
La empresa Mediaproducción SL -perteneciente al grupo de empresas de Mediapro- pidió el pasado día 16 la apertura de un concurso de acreedores, similar a la antigua suspensión de pagos, y acusó a Sogecable de un "grave" incumplimiento contractual al no cumplir sus obligaciones de pago.
El pasado mes de marzo, el juzgado número 36 de Madrid condenó a Mediapro a pagar 97 millones de euros, más siete de intereses, a AVS por los daños causados desde el inicio de la temporada futbolística 2006-07, en lo que se conoció como la "guerra del fútbol" entre los dos grupos. El citado juzgado estimó íntegramente la demanda presentada en julio de 2007 por la empresa Audiovisual Sport (empresa participada al 80 por ciento por Sogecable) contra Mediapro por incumplimiento contractual, pero la sentencia no es firme y está recurrida.
Sogecable debe por su parte abonar a Mediapro 90 millones de euros correspondientes al primer pago de los derechos de la temporada de fútbol 2010-2011, pero se dirigió a esta empresa para reclamar un aval bancario que garantice el pago del dinero previsto en la sentencia dictada por el Juzgado número 36 de Madrid en marzo.
