El peaje español: la inversión exterior pierde 17.000 millones y entra en rojo
por Josíé MaríaTriper en El Economista
Deporte y economía. Dos caras distintas y distantes de un solo país verdadero. Una España que, si hoy está en la íélite mundial por los íéxitos de sus deportistas, en el terreno de los negocios y finanzas ha descendido a las cotas más bajas de credibilidad y confianza de los últimos veinticinco años.
Un deterioro de la imagen del Made in Spain en el exterior que no sólo ha frenado el esfuerzo inversor de nuestras empresas en los mercados internacionales, sino que está obligando a nuestras multinacionales, grandes y pequeñas, ha emprender una retirada en forma de desinversiones que entre enero y abril de este año arrojan un saldo neto de 8.037millones de euros.
Una cifra que supone un giro radical respecto a los 9.173, 5 millones de inversiones directas positivas que el Banco de España contabilizaba en el primer cuatrimestre de 2009 (una píérdida de 17.000 millones) y que constata el hundimiento de la internacionalización empresarial, afectada por tres lacras esenciales: el cierre o endurecimiento de las condiciones financieras, la caída de la credibilidad de nuestros gobernantes y de la política económica española y la imagen de inseguridad jurídica.
El precio de ser español
"Nuestras empresas se están viendo penalizadas porque la españolidad tiene un precio y cada vez nos cuesta mucho más obtener financiación externa ?, afirma el presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles,Balbino Prieto, quien no duda en afirmar que los empresarios están pagando hoy un alto peaje por su españolidad".
Conceptos que, con palabras parecidas repite tambiíén el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, íngel Nicolás quien resalta tambiíén la imagen de inseguridad jurídica que nuestro país transmite a los mercados y a los inversores extranjeros en los últimos dos años, y que nos está situando a niveles similares a los de algunos países de ífrica y de Amíérica Latina.
Y es que estos tres grandes las tres que gravan la actividad de nuestras empresas fuera de las fronteras españolas están ligados entre sí: la paralización del críédito en el mercado nacional está obligando a las compañías españolas a acudir a la financiación exterior pero, al igual que le ocurre al Estado, el deterioro de la imagen y la píérdida de credibilidad de las instituciones y la economía española cierran la puerta o elevan los costes financieros a pagar por nuestras empresas.
Una situación que obliga, en muchos casos, a paralizar las decisiones de inversión, cuando no a abandonar proyectos ya iniciados, porque el coste del riesgo-país está afectando a nuestras inversiones y en muchos países se está poniendo en duda la solvencia de nuestras instituciones financieras.
La tijera de Hacienda
Y todo esto se produce, además, en un contexto de fuerte recorte de los presupuestos del Estado para las políticas de apoyo a la internacionalización empresarial que se mutilaron más de un 20% en 2010, hasta quedarse en sólo 476 millones, y cuando la más elemental lógica económica recomienda impulsar la demanda exterior para compensar la caída interna.
Pero, como dicen que al perro flaco todo se le vuelven pulgas, pues ahora resulta que tambiíén la tijera de Hacienda se ha fijado en el sector exterior y amenaza con recortar los beneficios fiscales de las sociedades internacionalizadas.
Aunque desde el Ministerio que dirige Elena Salgado no se ha confirmado oficialmente, fuentes del Departamento han lanzado ya el rumor de que, ante la fuerte caída en la recaudación del Impuesto de Sociedades, casi un 20% hasta mayo, el Gobierno está pensando en modificar la normativa que permite a las empresas con inversiones en el exterior no tributar en España por los dividendos y plusvalías obtenidas en el extranjero.
Modificación que, como apuntan los responsables empresariales, supondría una nueva penalización que se traducirá en otra caída de nuestras inversiones y tambiíén de las extranjeras en España, al incrementar la ya elevada incertidumbre jurídica existente.