El aluvión concursal en los juzgados complica las crisis empresariales
Publicado por Jaime E. Navarro en Expansión
El fuerte incremento del número de procesos concursales en el primer trimestre ha puesto en alerta a los jueces de lo Mercantil. Consideran “desbordante†la situación actual, que amenaza con alargar las suspensiones de pago.
Mayor carga de trabajo en unos juzgados ya de por sí saturados. El creciente aluvión de procesos concursales (antiguas suspensiones de pagos) que deben atender los jueces de lo Mercantil durante el primer trimestre del año, alentados por el agravamiento de la situación económica en España, está complicando el día a día en los tribunales. Durante los tres primeros meses de 2008, las insolvencias empresariales han crecido un 66% respecto al año anterior: 349 empresas han entrado en este periodo en situación concursal, según datos oficiales recogidos por la aseguradora Euler Hermes.
Estas cifras confirman los peores vaticinios de los jueces de lo Mercantil. El pasado enero, siete magistrados madrileños firmaron un documento conjunto en el que alertaban de que “un aumento sustancial de los concursos por el cambio de ciclo económico [...] sería inasumible, con grave riesgo, que ya se produce, de falta de control por imposibilidad material de supervisar adecuadamente los concursos y la actuación de todos los que en íél intervienenâ€.
Situación actual
“En estos meses, nos hemos tenido que encargar de una mayor cantidad de procesos más complejos, ya que las empresas que están entrando en concurso cuentan con pasivos mayores, algunos de hasta 500 millonesâ€, señala Santiago Senent, juez de lo Mercantil en Madrid.
Los magistrados deben hacer frente a este incremento de la carga de trabajo con los mismos recursos que hace un año. “Intentaremos que no afecte a la duración de los procesos concursales, pero si continúa este aumento en los próximos meses, la situación va a ir a peorâ€, apunta Josíé María Fernández Seijo, juez de lo Mercantil en Barcelona.
La duración de estos procesos es una de las cuestiones que los asesores legales examinan con lupa antes de recomendar acudir a una suspensión de pagos voluntaria como vía para salvar a una empresa de la quiebra. “En ocasiones, se tarda tres semanas en admitir a trámite el concurso y casi un año en resolver las incidencias con algunos acreedores. Un concurso que dure más de un año y medio acaba con cualquier empresaâ€, coinciden distintos abogados.
Otros expertos recurren a ejemplos prácticos para resumir la situación actual: “¿Quiíén compra un piso a una inmobiliaria que ha presentado suspensión de pagos? Las empresas no pueden aguantar en una situación de concurso durante muchos meses, ya que se ven abocadas a su liquidaciónâ€, apuntan.
Ante la disyuntiva de la refinanciación de la deuda empresarial o del concurso, algunos bufetes de abogados se están inclinando por la primera opción. Es el caso de Garrigues. “Debido al sistema que la actual Ley Concursal impone para cualquier reclamación de la lista de acreedores, se están alargando los procesos hasta los dos años, un tiempo que incide muy negativamente en la viabilidad de la empresa, debido al fuerte impacto reputacional y de confianza de mercadoâ€, señala Antonio Fernández, socio de Garrigues.
Soluciones
La solución a estos retrasos pasa, según los magistrados consultados, por un aumento de las unidades judiciales. Para Enrique Rodríguez, juez de lo Mercantil en País Vasco, “si se observa que el aumento no es coyuntural, serán necesarios nuevos juzgados, pero ahora tendremos que afrontar la mayor carga de trabajo dedicando más horasâ€. Otros jueces son más tajantes. “La situación es desbordante. A priori, no se puede saber cuál será la consecuencia de este aumento de los concursos, pero si un tribunal tiene que dividir su tiempo entre más casos, es lógico que sea mayor el tiempo de resoluciónâ€, subraya Senent, para quien debería duplicarse el número de unidades judiciales.
La inmobiliaria Aisa, en riesgo de concurso por los pagos a uno de sus proveedores
Aisa se suma al grupo de inmobiliarias en riesgo de concurso de acreedores. El viernes, la aseguradora Asefa presentó una solicitud de declaración de insolvencia por el retraso en sus pagos y a lo largo de esta semana un juez decidirá si Aisa está o no en situación concursal. La compañía aseguró no tener constancia de este requerimiento, aunque reconoció una deuda con Asefa por 1,3 millones de euros. La deuda financiera del grupo se sitúa actualmente en 400 millones, con pagos pendientes a acreedores ordinarios por 116 millones. La empresa sostiene que su endeudamiento se ha reducido en 100 millones en los últimos meses y que está al día de sus pagos. Otras inmobiliarias ya se han visto abocadas al concurso, como Llanera, Grupo Ereaga, Grupo Jale, Construart, Seop, Grupo Sánchez, Nuepro y Expofinques.
Objetivos de la Ley Concursal
La actual Ley Concursal busca aliviar a la empresa de sus cargas para facilitar su viabilidad y evitar la quiebra de la misma. Pero son muy pocas las que se salvan de la liquidación. Los expertos apuntan como razones que los empresarios acuden al concurso cuando la situación de su compañía es insostenible y elaborar un plan de viabilidad resulta muy complicado. Otros expertos aluden a problemas procesales: la actual Ley alarga en exceso las reclamaciones a la lista de acreedores, que ahora se plantean como demandas que requieren sentencia. Si se alargan los plazos, aumenta el perjuicio sobre la reputación de la concursada, que difícilmente puede mantener su credibilidad ante clientes, proveedores y acreedores. Por ello, muchas empresas –como ha hecho Habitat– optan por la refinanciación, mucha más cara, pero con menos coste para la imagen.
