El recortazo no es suficiente. Mientras el Ejecutivo presenta hoy en el Congreso su menguado techo de gasto, dentro del recorte general para recuperar la confianza de los mercados, los expertos coinciden en señalar que aún hacen falta nuevas medidas estructurales.
Según los cálculos elaborados por Miguel Marín, socio de Eneas Sector Público –una empresa que se dedica a supervisar las decisiones económicas de las CCAA y los ayuntamientos–, las Administraciones Públicas podrían ahorrar casi un 20% de sus gastos corrientes si se reformaran los actuales sistemas de contratación.
La mayoría de los consistorios, de las consejerías autonómicas y de los ministerios tienen suscritos contratos de telefonía, de electricidad, limpieza, publicidad o internet. Si los contratos se negociaran como en el sector privado, es decir, si optaran por agrupar facturas, exigieran ofertas por antigí¼edad, o evitaran subidas abusivas de las tarifas, las cuentas públicas estarían mucho más saneadas de lo que están en la actualidad.
Con estas sencillas iniciativas –de la que sí se ocupa cualquier ciudadano o pyme para cuadrar sus cuentas–, el Estado podría reducir en más de 10.000 millones de euros sus compromisos de gasto de aquí a 2013, lo que equivale a un 1% del PIB. Se podría lograr una aminoración de costes de 4.000 millones en un solo año.
Si estas medidas se hubieran impulsado durante la peor crisis de las últimas díécadas se podrían haber evitado medidas tan políémicas como la congelación de las pensiones, el recorte del salario de los funcionarios y de la inversión pública, que podrían llevar de nuevo a la economía a entrar en recesión.
Según Marín, en los últimos meses está aumentado el interíés de los distintos gobiernos por las medidas de austeridad. Por ejemplo, la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha logrado ahorrar la mitad en sus contratos de telecomunicaciones aunando los contratos de telefonía o internet de todos los colegios y de los centro educativos de la región. Si antes pagaban 5 millones de euros, ahora el desembolso que realizan es de 2,5 millones de euros a pesar de que siguen recibiendo los mismos servicios.
Recorte potencial
Por ejemplo, según los cálculos de diversos analistas, las distintas administraciones podrían lograr un ahorro de entre el 30% y el 40% en servicios de telecomunicaciones manteniendo el mismo nivel de servicio y el perfil de consumo del cliente. Según Eneas Sector Público, algunos consistorios habrían logrado ahorros de hasta el 60%.
Renegociando los contratos tambiíén se podría eludir el pago de hasta un 43% en las facturas de seguros; de un 20% en el suministro elíéctrico, y de hasta un 50% en publicidad (marketing, impresión gráfica, eventos...).
Pero los ajustes podrían ser más ambiciosos. Las administraciones tienen contratados servicios de seguridad, vigilancia, limpieza y seguridad excesivamente caros. El máximo ahorro conseguido en el pasado en esta clase de servicios auxiliares fue del 16%.
Por ejemplo, sólo por la ausencia de un sistema tecnológico y de comunicaciones integrados, el sobrecoste asciende a 1.000 millones de euros (ver EXPANSIí“N del 14 de julio).
El díéficit se podría recortar en un punto porcentual revisando las tarifas elíéctricas o de telíéfono
Otras reformas pendientes
La creación de una central que gestione los contratos podría ser una solución a la gran parte de la ineficacia que aún domina al gasto público. Sin embargo, otra forma de combatir el despilfarro de las Administraciones Públicas sería redefinir quíé servicios debe prestar cada uno de los organismos, una cuestión que no está aún demasiado clara. Según los últimos cálculos disponibles, los ayuntamientos se gastan uno de cada tres euros en políticas que no son de su competencia.
Las estadísticas elaboradas por el Instituto de Economía de Barcelona en 2003 hablan por sí solas: los gastos impropios totales en aquel momento ascendían a 10.000 millones, una cifra que los expertos creen que ha aumentado sensiblemente durante los momentos álgidos del boom económico. Si estos servicios se eliminaran se sufragaría la caída de la recaudación de los municipios durante la crisis económica. Hay algunas consultoras que se dedican a evaluar estos ajustes. Por ejemplo, el departamento de sector público de KPMG se está dedicando a evaluar esta cuestión, lo que ayudaría a identificar alternativas y a elaborar un Plan de Acción para ahorrar costes.
http://www.expansion.com/2010/07/20/economia/1279582240.html
