El presidente Rafael Correa negó que la reciente declaratoria de caducidad del contrato con la petrolera francesa Perenco constituya una confiscación o expropiación de sus bienes y campos.
Durante su enlace radial sabatino, el mandatario afirmó que "se le ha declarado la caducidad de su contrato ... por incumplimientos legales".
Explicó que expropiación implica obligar a vender un bien, mientras la confiscación significa "quitar" una propiedad, lo cual está prohibido en la constitución ecuatoriana.
Insistió que tras un largo proceso, el estado ha tenido "la valentía" de preservar el recurso y declarar "la caducidad" del contrato por incumplimientos de la compañía.
El jueves, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, anunció la medida basado en la Ley de Hidrocarburos que establece que se "podrá declarar caducidad si la contratista suspendiera actividades de explotación por 30 días, sin causa justa".
En el 2009, la transnacional abandonó sus tareas en dos campos petroleros luego de que el estado ecuatoriano embargara cerca de 3,2 millones de barriles de crudo de su producción, aduciendo una deuda por 327 millones de dólares por tributos.
El monto derivó de una ley vigente desde el 2007 que obliga a pagar al Estado el 99% de las ganancias obtenidas por la venta de crudo a un precio más alto al referencial del contrato de explotación. La compañía consideró el cobro como ilegal y aseguró que la aplicación de esa norma modificó unilateralmente el equilibrio de los contratos.
Tras la medida, Ecuador asumiría la operación definitiva de los pozos y bienes de Perenco.
