Los ayuntamientos han lanzado un S.O.S. al Gobierno y le han exigido que habilite, "con urgencia", una nueva línea de críédito ICO para facilitar el pago de sus deudas. El motivo: su tesorería está en la UVI y centenares de pueblos han iniciado ya un severo ajuste que incluye despidos, rebajas de sueldos, huelgas y servicios bajo mínimos.
El pinchazo de la construcción residencial ha dejado a los municipios en número rojos y, como ya adelantó este diario, un 30 por ciento de los consistorios españoles (de un censo total de 8.112) podría ir a la quiebra a finales de este año. Ni siquiera los anunciados brotes verdes hacen prever mejoras en el sector ladrillo para aliviar sus deudas, sobre todo para aquellos que han basado su modelo de crecimiento en la construcción y en los beneficios que reporta.
Como reconocen desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), su única salida vuelve a ser, como ya lo fue el año pasado, recurrir a las ayudas del Instituto de Críédito Oficial (ICO). Aunque no se ha confirmado la cantidad solicitada, fuentes próximas al organismo que preside el alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, hablan de unos 3.000 millones de euros, una cantidad que les permitiría salvar los presupuestos del año en curso.
Un recurso ya utilizado
No es la primera vez que los alcaldes recurren al ICO. Este recurso ya fue utilizado el año pasado, ejercicio en el que en un principio se solicitaron 5.000 millones de euros, de los que finalmente sólo les fueron concedidos 3.000 millones. Según los datos de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, en esta ocasión, un tercio fue a parar a las arcas municipales del Ayuntamiento de Madrid, el más endeudado de España, con un pasivo de 7.300 millones de euros.
En la carta enviada por la FEMP al Gobierno, los ayuntamientos piden al Ejecutivo que aplique, con carácter urgente, la línea de críédito directa dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos, cuyo vencimiento era anterior al 30 de abril de 2010, tal como establece la Ley contra la morosidad en las operaciones comerciales, que fija un plazo máximo de 30 días. La ayuda deberá aprobarse antes del 10 de agosto.
En esta ocasión, y como novedad importante, el texto señala -en su disposición adicional cuarta- que la devolución del críédito se podrá hacer, caso por caso y siempre que no haya sido amortizada antes, con posterioridad a la entrada en vigor de la futura reforma del sistema de financiación local.
"La cancelación será instrumentada, por tanto, con independencia a los recursos provenientes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y vinculada a las obligaciones reconocidas a los proveedores", explican los responsables del organismo.
Balón de oxígeno
Esta solución se presenta como un balón de oxígeno para los ayuntamientos, que han dejando de ganar cerca de 20.000 milones de euros al año debido al tsunami inmobiliario que les asola.
"Debido a la bajada de la actividad inmobiliaria, desde los desarrollos urbanísticos y licencias de obra hasta las compra-ventas, los consistorios han dejado de ingresar aproximadamente entre 15.000 y 20.000 millones de euros respecto a los años del boom inmobiliario", explica el director general del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), Josíé Antonio Píérez.
Según un estudio realizado por la escuela de negocios, los ayuntamientos recaudaron el año pasado 23.368 millones de euros menos que en 2006, año del boom inmobiliario. Así, en 2006, la cifra total en concepto de financiación por actividad supuso 43.218 millones de euros, frente a los 19.850 millones de euros de 2009.
