El consejo de Portugal Telecom (PT) se sabía de memoria las instrucciones de Josíé Sócrates, primer ministro portuguíés: "Haced lo que queráis con vuestro 30 por ciento de Vivo, pero que Telefónica eleve el precio final hasta 7.500 millones de euros"
Quizá lo dijo con otras palabras, pero el mensaje fue nítido, ya que Sócrates pretendía pregonar a los cuatro vientos que había logrado arañar más dinero a Telefónica gracias a su controvertida acción de oro.
Lo que Sócrates posiblemente no explicará a los accionistas de PT es que los referidos 7.500 millones de euros viene a equivaler económicamente a la misma oferta que la vetada por su Gobierno el pasado 30 de junio, de 7.150 millones.
Para ello, basta con descontar el importe que PT ahora no ingresará como el reparto de dividendos no distribuidos de Vivo o el call de acciones de PT o la posible adquisición de los negocios de teleoperadoras del grupo portuguíés entre otras.
La historia ya no tiene vuelta atrás. Así lo recalca el operador español al precisar que "la operación está cerrada, de manera que no existe ya compromiso alguno en relación a las mejoras adicionales que contemplaba la última propuesta que obtuvo el voto favorable de la mayoría de los accionistas de PT.
En honor a la verdad, tras el acuerdo con PT, Telefónica todavía no ha hecho suyo la totalidad de las acciones con derecho a voto de Vivo. Aún falta un porcentaje inferior al 4 por ciento.
Telefónica lanzará una opa sobre el resto
Es decir, una vez que Alierta obtenga la luz verde de Anatel, regulador de las telecomunicaciones en Brasil, previsto para finales de septiembre, el grupo español deberá presentar una oferta pública de adquisición (opa) sobre las acciones ordinarias de Vivo que no son titularidad de Brasilcel y que representan, aproximadamente, el 3,8 por ciento del capital social de Vivo, operación estimada en cerca de 800 millones de euros.
Según estimaciones de la teleco española, el último capítulo de la conquista de Vivo tendrá un precio próximo a 800 millones de euros. Ese camino se empezará a andar una vez que Telefónica resuelva los trámites regulatorios preceptivos en este tipo de operaciones, ante Anatel, que resolverá sin especiales dificultades antes de dos meses.
