El Ejecutivo retira apoyo legal a la obra pública en pleno recortazo
Los contratistas con el sector público se encuentran en una encrucijada. En un momento en el que las licitaciones caen a ritmos del 30% (según los datos de Seopan del primer semestre), el sector se enfrenta a dos situaciones que pueden hacer que su situación empeore notablemente.
Por un lado, estas empresas tratan de contener el recortazo impuesto por el Gobierno en todas las infraestructuras, lo que ha generado un encendido debate político la última semana.
Por otro, ven como una de las medidas de apoyo que les había prometido el Gobierno en la reforma de la Ley Concursal pueden quedar en agua de borrajas.
Y es que los contratistas públicos están sujetos a un trato legal diferente a los privados en caso de entrar en concurso. La normativa que los iba a equiparar se ha caído de los borradores de esta reforma. En un principio se preveía corregir el hecho de que los contratistas públicos en concurso no puedan seguir operando con la Administración, tal como consta hoy en la Ley de Contratos del Sector Público.
De este modo, la ayuda de la Administración, cuya morosidad es muchas veces causante de la quiebra, no llega cuando la empresa lo necesita. Aunque el Ministerio de Justicia aseguró que la reforma concursal evitaría la liquidación de estas empresas, los borradores hasta ahora presentados sólo incluyen una leve modificación a la Ley de Contratos del Sector Público. La misma que ya se incluía en el Decreto de Zurbano y que los expertos ven “claramente insuficienteâ€.
