Las multas y las sanciones se están convirtiendo en una herramienta importante para enmendar el díéficit en el que se encuentran las cuentas estatales: el Ejecutivo ha disparado un 29,4% la recaudación por recargos e intereses impuestos las empresas y asalariados hasta julio, según las últimas estadísticas de Ejecución Presupuestaria. Es el mayor avance registrado desde 2005.
Cuando el presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodríguez Zapatero, se instaló en La Moncloa en 2004, el Estado ingresaba 327 millones mediante sanciones tributarias. Ahora, legislatura y media despuíés, recauda cerca de 519 millones de euros por esta misma partida, un 58% más, tanto por las propias multas como por los intereses que generan.
No obstante, Hacienda tiene aún grandes problemas para que entren en caja efectivamente las sanciones impuestas a los contribuyentes. Según los últimos datos disponibles, el Ejecutivo sólo ha conseguido recaudar realmente hasta julio el 15,2% de lo que tenía previsto recibir en 2010 por medio esta partida. En lo que va de año, el Gobierno tiene pendientes de cobro 1.396 millones de euros en sanciones tributarias, más del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB).
Previsiones caducas
Las últimas cifras disponibles apuntan a que el Ministerio de Economía tendrá complicado ajustarse al molde que fijó en las Cuentas de 2010 sobre los ingresos de multas del Fisco. Si en los Presupuestos Generales del Estado estimaba que recaudaría efectivamente este año 885 millones de euros gracias a estas dos partidas, hasta la fecha sólo ha logrado ingresar 330 millones, un 37%.
Estos datos ponen de manifiesto que el Gobierno se verá abocado a agilizar las sanciones en los últimos meses del año si no quiere que la evolución de estas cifras se convierta en otro punto en contra de las previsiones oficiales de díéficit.
Este desafío se agrava aún más si se tiene en cuenta otras situaciones coyunturales: la presunta huelga de bolis caídos que está secundando la Guardia Civil ha provocado que los ingresos por sanciones de tráfico se estíén desplomando a un ritmo del 3%. La última caída de la recaudación de este tipo de sanciones se registró en 2006. Entonces las Fuerzas de Seguridad del Estado tambiíén protestaban por las condiciones laborales. Todo ello se traduce, en definitiva, en menos ingresos.
La agilización del trabajo en la Agencia Tributaria es un tema que ya llevan denunciando desde hace tiempo los Inspectores de Hacienda, que han criticado en más de una ocasión que parte de su retribución dependa de que se elaboren más actas o no. En román paladino: estos funcionarios cobran más si consiguen recaudar más.
Problemas
Otra de las estrategias que ha impulsado el Ejecutivo para acabar con el díéficit es reducir el plazo de las investigaciones que realiza a los contribuyentes, lo que a juicio de algunos expertos facilita que se cometan más errores.
Todos los intentos son pocos para resolver la ecuación más difícil a la que se enfrenta Hacienda: debe reducir el díéficit desde el 11,2% al 3% en 2013, lo que, sin duda, trastocará el Estado de Bienestar y obligará a los ciudadanos a pagar la crisis a base a multas, sanciones o subidas fiscales.
El díéficit pone en jaque las cuentas de Hacienda
La Agencia Tributaria (AEAT) recibió 175 millones adicionales a su presupuesto de 2009 debido al cumplimiento de los objetivos previstos en la lucha contra el fraude fiscal, según recoge una resolución publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE). La modificación de críédito dentro del presupuesto de la AEAT ascendió el pasado año a 205,3 millones, de los que la mayoría, esos 175 millones, correspondieron al buen cumplimiento de la lucha contra el fraude, cantidad que supone el máximo de lo que prevíén los Presupuestos Generales del Estado para este fin.
El BOE destaca que el presupuesto de la Agencia Tributaria en 2009 fue de 1.425 millones, el 3,34% más que en 2008, año en el que fue de 1.379 millones. Asimismo, el gasto de personal de la AEAT en 2009 alcanzó los 1.028 millones, el 5,65% más que en 2008. El problema es que en 2010 la falta de plantilla y los problemas con el díéficit no auguran tanto íéxito.
Como muestra, la anulación de todas las liquidaciones de IVA entre 2006 y 2008, que podrían poner en peligro una recaudación de 3.000 millones de euros, según fuentes de toda solvencia (ver EXPANSIí“N del viernes 27 de agosto). A esto se suma que la mayoría de los analistas no ven viables las estimaciones económicas del Ejecutivo, que prevíén que el PIB crezca un 1,3% en 2011. Si esta previsión no se cumple, el Gobierno se vería abocado a subir los impuestos de nuevo.
