La banca tiene recursos suficientes para hacer frente a los cambios regulatorios de Basilea III. En su cartera tiene una red de sucursales que podría vender. Las cerca de 40.000 oficinas valen en torno a 33.000 millones de euros, según el informe de alegaciones de La Caixa remitido antes de verano al Comitíé de Supervisores Bancarios.
En los últimos años algunas entidades se han desprendido de parte de estos activos con el objetivo de obtener ganancias. Los acuerdos alcanzados, en todos los casos, incluyen la venta y posterior arrendamiento por un periodo superior a 10 años. Además, los grupos financieros se garantizan opciones de recompra de estos locales.
Pero no todas oficinas son igual de atractivas por los inversores privados y los fondos inmobiliarios. Sólo las oficinas situadas en puntos estratíégicos podrían ser incluidos en los llamados contratos de sale and lease back. Sólo con la venta del 30%, el sector podría obtener unos 9.000 millones y cubrir necesidades de capital por un importe de 6.200 millones, explica el informe.
Desde La Caixa se precisa que estos cálculos son de hace meses y que la valoración podría haber variado. La nueva regulación cuadruplicará los niveles de solvencia de las entidades entre 2013 y 2018. Según las primeras estimaciones, el sistema español podría requerir de 41.000 millones en estos cinco años para cumplir con los requerimientos, que serán aprobados por el G-20 de noviembre.
Pero los bancos y las cajas españoles cuentan con otros resortes para adaptarse a la normativa. Podrían liberar capital por valor de 2.000 millones si consiguen desprenderse de un tercio de los activos inmobiliarios adjudicados en la crisis por la subida exponencial de los impagos.
Cartera industrial
La Caixa estima que las viviendas y suelos en cartera de las entidades alcanza los 50.300 millones y que podrían ser vendidos sin necesidad de asumir demasiadas píérdidas por la caída de la tasación. La banca está deshaciíéndose inmuebles con minusvalías que llegan al 30%.
Aún hay más, porque el sector dispone de una cartera industrial potente, que podría suponer unos ingresos brutos de 53.000 millones. La Caixa, en su informe, sostiene que los grandes grupos, entre ellos la caja catalana, no elegirán este camino para recapitalizarse. La entidad que preside Isidre Fainíé cuenta con Criteria, el mayor holding de participaciones del país.
Si el sector se deshace de un 30%, podría recaudar 3.900 millones para elevar su capitalización. Fainíé, que tambiíén es presidente de la patronal de cajas, instó hace quince días a que se preserve la tenencia de esta cartera, ya que la venta pondría en peligro los sectores estratíégicos, comola energía y las telecomunicaciones, que podrían ser controlados por gigantes extranjeros.
Ajustar su capital
La Caixa concluye que con la reorganización de todos estos activos, la banca conseguiría ajustar su capital en 12.100 millones gracias a las plusvalías y la eliminaciones de deducciones a los niveles de solvencia básica o common equity.
Basilea III establecerá un mínimo del 4,5% en este ratio para 2105. En la actualidad se sitúa en el 2%. Para finales de 2018 deberá elevarse al 7%, aunque no de manera obligatoria. Si no se cumple, las entidades verán limitada su capacidad para fijar la retribución a sus directivos y la distribución de beneficios (dividendos u obra social).
Los expertos y los propios bancos y cajas indican que los periodos para la adaptación a la normativa son laxos, lo que facilita este plazo de transición sin perjudicar la recuperación económica.
Uno de los problemas que se encontrará es el reemplazo de las participaciones preferentes durante los próximos diez años. Estos activos -mitad deuda, mitad capital- dejarán de computar en la solvencia principal (en el ratio Tier 1, que deberá alcanzar el 8,5% en 2018) en las condiciones actuales. Suman más de 28.000 millones.
