Las fusiones virtuales de cajas (SIP) respiran tranquilas. El Banco de España y el Gobierno han garantizado a las entidades inmersas en estos procesos que eliminarán los obstáculos legales que impiden en la actualidad la entrada de inversores privados y su salida a bolsa. Además, la intención es que estos cambios legislativos se aprueben antes de fin de año.
Así lo han asegurado representantes del supervisor bancario en una reciente reunión con los principales SIP constituidos en la primera mitad del año, según fuentes que asistieron al encuentro. Es más, la intención del Banco de España es que el Gobierno vaya más allá de la reforma mínima imprescindible y cambie la Ley de Recursos Propios de la banca para facilitar todavía más el funcionamiento de las fusiones visrtuales.
Como alertó El Confidencial el 8 de septiembre, estos grupos de entidades se han encontrado con la enrome sorpresa de que el Real Decreto 1245 de 1995 prohíble que los bancos de nueva creación -y los SIP deben ser bancos obligatoriamente- vendan acciones en los primeros cinco años de existencia. Algo que impide que salgan a bolsa en ese período (objetivo declarado de algunos, como el que lideran Caja Madrid y Bancaja) o que den entrada a inversores privados en su capital, como pretende hacer Banca Cívica (Navarra, Burgos y Canarias) con el fondo norteamericano JC Flowers.
Ante esta situación, cabían varias alternativas: que el Banco de España concediera dispensas generalizadas, forzar la interpretación de la ley para considerar que los SIP no son bancos de nueva creación sino que son herederos de entidades existentes, o cambiar directamente la norma, que es por lo que se ha optado finalmente.
Este cambio incluirá la figura de los SIP -que no existía en 1995- y dejará claro que pueden salir a bolsa y transmitir libremente sus acciones a inversores privados, según las fuentes consultadas. "A todo el mundo le interesa que los SIP salgan adelante; no tenía ningún sentido obligar a un montón de cajas a meterse en estas fusiones y despuíés mantener trabas legales que les impidan funcionar", afirman en uno de estos grupos.
Cambio de la Ley de Recursos Propios
Pero además, el Ejecutivo va a aprovechar que tiene que trasponer al derecho español una directiva comunitaria -la 2009/11 de adecuación de recursos propios- para modificar la norma superior que regula el capital de los entidades: la Ley 13/1985 de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros.
En esta Ley tambiíén se va a recoger la escificidad de los SIP y se van a dar todo tipo de facilidades para que puedan privatizarse y salir a bolsa sin ninguna limitación. Además, se pretenden clarificar algunos aspectos de funcionamiento de estos grupos que no están suficientemente claros al tratarse de una figura de nueva creación y apenas regulada; por ejemplo, si las cajas deben aportar su beneficio al banco que las agrupa antes o despuíés de dotar la obra social.
En teoría, la fecha tope para trasponer la directiva es el 31 de octubre, pero teniendo en cuenta los retrasos habituales en estos casos, el sector espera que se apruebe la nueva Ley a finales de año.
Banca Cívica, primer beneficiario
El primer beneficiario de este cambio legislativo va a ser Banca Cívica, ya que la entrada de JC Flowers se encuentra bloqueada en estos momentos por culpa de estos obstáculos legales. Esta operación, que se ha arbitrado mediante bonos convertibles en acciones, algo que tampoco permite el citado decreto; además, el fondo norteamericano pretende sacar la entidad a bolsa para rentabilizar su inversión en un plazo lo más breve posible. Según fuentes cercanas a la operación, no existen otros problemas adicionales para que se materialice su entrada.
Los SIP tienen grandes ventajas sobre las fusiones puras, como la posibilidad de que las cajas mantengan su personalidad jurídica, su marca y su implantación en el territorio de origen, o su teórica reversibilidad si surgen desacuerdos en el futuro (aunque el Banco de España considera que deben ser irreversibles). Esto ha permitido salvar las reticencias de los políticos autonómicos a que 'sus' cajas participen en operaciones de concentración interregionales.
