Hacer de la necesidad virtud o, lo que es lo mismo, sacar del error una ventaja y, de paso, hacer unos cuantos líos numíéricos que huelen a trampa. Eso parece que ha hecho el Gobierno a la vista detallada de las cifras sobre díéficit que contiene el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2011.
En la previsión de díéficit para 2010-2013 que se incluye en las cuentas, el saldo negativo de la Administración Central para el año que viene se sitúa en el -4,8% por ciento. Ahora bien, si se incluye el efecto de las liquidaciones con las Administraciones Territoriales (comunidades autónomas y entes locales) en el del Estado, el porcentaje de díéficit baja al -2,3%.
Y es aquí donde está el meollo. El proyecto de ley de Presupuestos juega con un concepto, el de las liquidaciones a autonomías y entes locales, que no existe más que sobre el papel. En Economía ha bajado dos puntos y medio la previsión de díéficit, al contar con unas liquidaciones aún no cobradas y que tienen la consideración de ajustes.
Anticipos
Estas liquidaciones son producto de lo que el Estado anticipa de la participación de las Administraciones Territoriales en los impuestos estatales. Al hacer la liquidación definitiva de 2009, el resultado es que comunidades y entidades locales deben devolver al Estado nada menos que 25.544,48 millones de euros.
En ninguna liquidación anterior había resultado una cantidad tan abultada, con lo que se pone de manifiesto, además, un error de cálculo por parte del Estado bastante considerable. En los Presupuestos Generales del Estado para 2010, el ajuste de estas liquidaciones a favor del Estado se quedó en 7.313,21 millones de euros, con lo que la diferencia con los de este año es de 18.231 millones de euros. Pero para eso se convierte el error en una ventaja y se cuenta con cantidad tan ingente (que supone dos puntos y medio del PIB) para hacer previsiones en los Presupuestos para 2011.
Los 25.544 millones, que se tienen que ir devolviendo paulatinamente -en ningún caso se contará con todo el montante en el ejercicio 2011-, se han consignado como ingreso no financiero en la Contabilidad Nacional. Son un apunte contable, en definitiva.
La Contabilidad Nacional se rige por el criterio de devengo, mientras que el Presupuesto lo hace con el criterio de caja. Esta Contabilidad se hace según unas normas aprobadas por Eurostat que son comunes a todos los países de la UE.
Por tanto, apuntar esta deuda de las Administraciones Territoriales es perfectamente legal, pues es normal contar con un ingreso venidero aunque no haya dinero contante y sonante. De hecho, en la presentación de los Presupuestos para 2011, se dedica un apartado a explicar los ajustes de Contabilidad Nacional entre los que el aplazamiento de las liquidaciones territoriales es el más elevado. El texto es muy claro respecto a que este ajuste en concreto es considerado una operación financiera y que, por ello, el díéficit en Contabilidad Nacional es menor que el presupuestario.
Lo asombroso es que este ajuste se tenga en cuenta de cara a la previsión de díéficit. Es la primera vez, pues en las previsiones que Economía realizó de díéficit y superávit para este año, tanto del Estado como de comunidades autónomas, entidades locales y Seguridad Social, no se incluyó ninguna quita con el efecto de las liquidaciones de las Administraciones Territoriales. En los Presupuestos para 2009, el ajuste de las liquidaciones no se incluía ni siquiera como ajuste de Contabilidad Nacional.
Además, en el proyecto de ley tambiíén se incluye en la liquidación de 2010, de forma que la Administración central cerrará con un díéficit del 6,7% que, al incluir el efecto de las liquidaciones de las Administraciones Territoriales, se queda en el 5,9%. La cantidad para este año lógicamente es otra, ya que el sobrante de la liquidación de 2009 ha resultado desorbitado, debido a unos cálculos de recaudación irreales.
Error pero bien aprovechado. Así se puede definir lo ocurrido en los Presupuestos de 2011.
