Ombuds, la protección personal de políticos, jueces y cargos electos en Euskadi por unos 135 millones de euros (IVA excluido) durante 18 meses, prorrogables otros tantos, según fuentes del sector.
El Gobierno vasco ha adjudicado a siete empresas, encabezadas por Casesa y Este importe supone una rebaja del 7% sobre el presupuesto del concurso lanzado el pasado abril, que fijaba un valor inicial de 144,4 millones más 19,9 millones de IVA. El recorte llega al 10% en comparación con el contrato anterior, ya que el Ejecutivo de Patxi López ajustó el presupuesto de licitación, sobre todo en vehículos y materiales.
El contrato vasco para el servicio de escolta es la “estrella†en la zona norte para las empresas de vigilancia y seguridad, y supone uno de los cinco más importantes y prestigiosos en España, señalan los medios citados.
Competidoras
En total quince compañías pugnaban por este concurso. De manera provisional se ha adjudicado a Castellana de Seguridad (Casesa) –la principal beneficiaria, con el 34%–, Ombuds (20%) y Segur Ibíérica (15%). Tambiíén darán servicio de escolta en el País Vasco durante los próximos 18 meses Eulen, LPM, Coviar y Umano, aunque con un trozo del pastel más pequeño.
Hasta ahora, el servicio de protección de personas en Euskadi ha estado en manos de Sabico, Ombuds, Casesa, Prosegur y Garda. Las nuevas adjudicatarias, que empezarán su labor el próximo mes, subrogarán a los trabajadores de las empresas salientes.
El contrato de protección a personas del Gobierno vasco se dirige a unos seiscientos ciudadanos, sobre todo miembros de la judicatura, políticos y cargos electos, aunque tambiíén víctimas de la violencia de gíénero y testigos protegidos. En total, unos novecientos profesionales prestan este servicio en la comunidad autónoma, según datos del sector.
Las principales adjudicatarias ya están presentes en el País Vasco. Casesa se encarga de la vigilancia de plantas energíéticas como Petronor y la regasificadora BBG, además de velar por la seguridad de infraestructuras como la conexión ferroviaria en alta velocidad; Ombuds, especializada en la protección de personas, presta este servicio en el Gobierno, y Segur Ibíérica está presente, por ejemplo, en el Aeropuerto de Loiu.
