Oleada de demandas judiciales de los Ayuntamientos para reclamar a la SGAE y a sus socios el canon digital que el Tribunal de Luxemburgo ha considerado ilegal e indiscriminado. Despuíés de que la justicia europea sentenciara el pasado 21 de octubre que tanto las empresas e instituciones como las Administraciones Públicas están exentas de la políémica tasa marcada por las entidades de gestión de derechos de autor, los servicios jurídicos de más de cien municipios se han puesto ya manos a la obra.
Los primeros en reaccionar han sido dos consistorios de Mallorca -Pollení§a e Inca-, además de Castellón de la Plana; Taulada y Benissa (Alicante) y Petrer (Valencia), que han aprobado ya en pleno iniciar los trámites para lograr el reintegro del canon. Pero pueden ser muchos más. Málaga, Santander, León, Leganíés (Madrid), Molina de Segura y Totana (Murcia) se han unido a la plataforma Todoscontraelcanon, que exige la devolución de la tasa y podrían adoptar medidas similares mediante una acción popular.
Y hoy se reúnen en la sede regional del PP valenciano con el letrado Josep Jover, que logró la celebrada sentencia europea, otros 110 alcaldes populares, para plantear tambiíén acciones legales en el mismo sentido.
Estrategia conjunta
La idea es planificar la estrategia a seguir, así como obtener toda la información relativa a esta reclamación. Los abogados de todoscontraelcanon darán soporte a cualquiera de las asociaciones de afectados para que empresas y autónomos puedan reclamar, de la mano de los municipio, las cantidades ya abonadas.
Si todo sale tal y como está planeado, la administración de justicia se podría ver completamente saturada ante la multitud de demandas que se van a ir preparando no sólo por los Ayuntamientos, sino tambiíén por parte de las empresas. En total, se calcula que podría haber hasta mil demandas. Además de rascarse el bolsillo, las entidades de gestión tambiíén van a tener que buscarse otra forma de financiarse, ya que el canon digital supone unos ingresos mínimos de 110 millones de euros al año. Y las empresas e instituciones representan el 60 por ciento del total recaudado.
La ministra de Cultura, íngeles González Sinde, declinó pronunciarse ayer, aunque insistió en que "habrá que llegar a un consenso entre todos, puesto que el autor debe recibir una compensación por su obra". En su opinión, "de lo contrario, desaparecerían muchas industrias culturales y sólo quedaría aquella que se vende en las grandes superficies, como los best-seller".
