Bruselas no permanecerá impasible con otro de los casos que amenazan con sacudir la seguridad jurídica de España. El agujero que las entidades financieras locales e internacionales tienen contraído con las constructoras españolas concesionarias de autopistas ha movilizado a los afectados y, por extensión, a la clase política. En este caso, la existencia de fondos europeos comprometidos ha hecho que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) haya amenazado con ejecutar los avales por los que tenían que responder algunos bancos y cajas españoles ante la situación de quiebra tíécnica de estos activos.
Según fuentes financieras, mientras el Ministerio de Fomento confeccionaba un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) con el que prevíé movilizar más de 17.000 millones para obras, en el que el Banco Europeo de Inversiones asumía el compromiso de financiar cerca de un 50% del volumen total, la entidad europea, propiedad de los Estados miembros de la Unión Europea, ha mantenido una postura muy exigente en los sindicados de acreedores pillados en las autopistas deficitarias españolas. Y eso, además, a pesar de tratarse de una entidad sin ánimo de lucro y solo realiza príéstamos a largo plazo.
Las entidades financieras españolas ven detrás de la mano dura del BEI a los bancos internacionales que están atrapados en la financiación de estas concesiones. Como ocurrió meses atrás con las energías renovables y su políémico sistema de retribución, la movilización de los inversores y financiadores internacionales fue determinante para que el debate de la retroactividad de las primas se convirtiera en un asunto de estado entre España y los países de los afectados. Y mientras la burbuja verde tiene comprometidos más de 17.000 millones, las autopistas fantasma representan casi 5.000 millones.
La exposición de los bancos extranjeros a las concesionarias en quiebra, entre las que se encuentran las radiales de acceso a la capital, las autopistas de Madrid-Toledo y de Alicante-Cartagena-Vera, o el eje de entrada a la T-4 de Barajas, oscila en torno al 25% de la financiación total comprometida, según fuentes financieras. Una cantidad inferior a las prestadas anteriormente a otros sectores de la economía española, como el inmobiliario o el de renovables, con otro tipo de riesgos, que por tratarse de activos concesionales a muy largo plazo nunca se consideraron en serio riesgo de impago, como ya es el caso.
Una solución de consenso en el Congreso
Esta movilización internacional, con el BEI a la cabeza, ha hecho que las entidades financieras nacionales se sumen al coro de sus quejas ante el ministerio de Fomento. Y como en ocasiones anteriores, la solución al problema existente ha terminado llegando al Congreso de los Diputados, donde los partidos barajan una solución de consenso para salvar a las constructoras y concesionarias -Abertis, Itinere, ACS, OHL, FCC, Acciona y Ferrovial- afectadas por la falta de rentabilidad de las autopistas, a las que el descenso en el volumen de tráfico les ha convertido en proyectos inviables.
La solución no está aún decidida. Algunas de las empresas afectadas abogan porque sea finalmente el Estado el que asuma el agujero existente y se quede con la propiedad de las autopistas quebradas, aunque parece improbable por el precedente que supondría para esa concesionaria respecto a futuras obras públicas. Una de las herramientas planteadas como alternativa para materializar la ayuda es la ejecución de críéditos participativos, que podrían llegar hasta los 250 millones de euros. Todavía no hay un acuerdo definido entre PSOE, PP y CiU para resolver este problema que tan de cerca sigue Bruselas.
