Acuamed, la empresa pública que desarrolla y explota en España las plantas desaladoras, ha instado al Gobierno a subir de forma urgente los precios del agua de regadío para evitar un desfase patrimonial en sus cuentas, además de mejorar el control en la explotación de las infraestructuras hidráulicas, muy cuestionadas en los últimos años.
En su último informe de gestión, adjunto al balance de 2009, la empresa asegura que el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura y los propios órganos de gestión y dirección de la sociedad "deben hacer un esfuerzo de análisis y estudio de soluciones para poder optimizar la cuenta de resultados de la empresa, y equilibrarle patrimonialmente, dado que determinados precios de venta del agua, especialmente la destinada a usos agrícolas, han sido establecidos sobre criterios que no permiten la recuperación de los costes de explotación y amortización de las instalaciones".
Tras acumular en los últimos cuatro años píérdidas de casi 60 millones de euros y estar afrontando cuantiosas inversiones, no siempre con buen resultado, la compañía destaca que mantener el adecuado equilibrio en las cuentas "será uno de los retos de futuro al que se deben enfrentar los responsables de la gestión con la mayor de las intensidades".
Subir el precio
Según las estimaciones que realizan los propios agricultores, aunque el precio del agua a pie de planta está ajustado, su traslado hacia el interior supone un incremento que, por ahora, nadie ha concretado. De hecho, el resto de ciudadanos, es decir, el uso urbano, pagaría (siempre a pie de instalación) casi el doble, entre 50 y 55 cíéntimos por metro cúbico.
A pesar de los números rojos, la sociedad presenta actualmente un balance sólido gracias a las aportaciones del Estado. De hecho, a 31 de diciembre de 2009 sus fondos propios se elevaban a 1.856 millones de euros, lo que supone un 18,8% más.
El problema es si las fuertes inversiones e inyecciones de capital realizadas permitirán un retorno dada la escasa rentabilidad de las plantas y, en muchos casos, su infrautilización. El problema se agrava además porque, aunque hasta el momento el volumen de inversiones reales desarrollado por Acuamed ha sido claramente inferior a sus expectativas presupuestarias, la empresa está convencida de que el volumen de inversiones subirá con fuerza y tanto este año como el que viene podría situarse por encima de los 500 millones de euros, "duplicando el volumen medio de actividad inversora de los dos pasados ejercicios".
La inversión total prevista cuando se aprobó el Plan Agua a finales de 2004 rondaba los 4.000 millones de euros, aunque de esa cantidad tan sólo un 50% va destinada a la desalinización y el resto se dedica a la construcción de infraestructuras de abastecimiento, modernización de regadíos y proyectos de reutilización. De momento, se ha ejecutado ya alrededor de un 70%.
Políticas autonómicas
Nunca llueve a gusto de todos, ni siquiera para el Gobierno catalán, que tuvo que esperar a inaugurar el año pasado la desalinizadora de El Prat de Llobregat, en Barcelona, para ver llover despuíés de un largo y preocupante período de sequía. Pero sólo un año desde su inauguración, la joya del tripartito se seca. La mayor desalinizadora de Europa dedicada exclusivamente al consumo urbano sólo funciona a medio gas.
A pesar de que dispone de diez líneas de producción, íéstas sólo se encontrarán a pleno rendimiento cuando las reservas de agua en los pantanos sean inferiores al 60%. En la actualidad, las reservas de los embalses del Ter-Llobregat se encuentran a más del 70%. Hasta agosto, sólo había generado poco más de 13 hectómetros cúbicos (su capacidad es de 60 hectómetros al año) por un coste de 7,8 millones.
Sin embargo, la inversión que supuso su puesta en marcha (230 millones), no es para muchos proporcional a su rentabilidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que el agua procedente de la planta duplica su precio (0,32 euros el mero cúbico frente a 0,60 del agua desalada). "Se trata sin duda del fracaso de la política de agua del PSOE. El Ejecutivo ha invertido cifras millonarias en unas obras faraónicas que funcionan a medio gas", denuncia con los datos en la mano el responsable del PP en Medio Ambiente, Carlos Floriano.
El portavoz popular indicó que sólo se han terminado siete de las 24 desalinizadoras previstas debido al elevado coste energíético que supone su funcionamiento. "Las desaladoras no son la solución, porque el agua es muy cara", dice tajante.
En la misma línea, el consejero de Agricultura y Agua de Murcia pide el cierre de las plantas porque los murcianos no tienen "que pagar el agua más cara" y aboga por aplicar la ley del trasvase Tajo-Segura. Tambiíén el portavoz de CiU, Ramón Espadaler, considera errónea esta política por su alto coste energíético. Todos coinciden: estas plantas tienen sentido en países que no tienen otra fuente de agua, pero no en España, que sólo utiliza el 20% del agua circulante y el resto va al mar.
