La crisis financiera continúa pasando factura. Y a medida que avanza, crece el dinero avalado por el Gobierno para combatirla. Hasta el extremo de que los últimos datos oficiales indican que la cuantía de los avales concedidos por el Reino de España -principalmente a las entidades financieras- asciende ya a 65.207 millones de euros. O lo que es lo mismo, cerca del 6,5% de producto interior bruto.
Se trata, con diferencia, de la cantidad más elevada jamás alcanzada, y para hacerse una idea de lo que significa hay que tener en cuenta que el saldo vivo de los avales prestados se ha multiplicado por diez respecto del año 2007, al principio de la convulsión financiera. Ese año los avales públicos apenas superaban los 6.100 millones de euros
Lo peor, sin embargo, puede estar por venir. La crisis irlandesa obligará a España a avalar cerca de 10.000 millones de euros adicionales. Esta cifra representa cerca del 10% de la cantidad que hoy se baraja para ayudar al antiguo ‘tigre celta’, que necesita entre 80.000 y 100.000 millones de euros para estabilizar su situación financiera. Una parte del dinero (unos 50.000 millones) se destinará a recapitalizar los bancos (con problemas de liquidez y de solvencia) y otra a frenar la bola de nieve en que se ha convertido la deuda pública irlandesa (más del 100% del PIB). Los detalles de este príéstamo -al 5% de interíés- se conocerán en los próximos días, cuando culminen las negociaciones de Dublín con la Unión Europea y el FMI. Y a las que se han sumado Reino Unido y Suecia, aunque no pertenezcan a la eurozona (8.000 millones en el primer caso, y cerca de 1.000 millones en el segundo).
‘Estados accionistas’
El Gobierno español ya ha incluido en el proyecto de ley de presupuestos para 2011 un artículo que le permitirá aumentar los avales públicos en 59.900 millones de euros. De esa cantidad, nada menos que 53.900 millones se destinarán a “garantizar las obligaciones económicas exigiblesâ€. Es decir, irán dirigidos a financiar la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF), el instrumento creado por la Unión Europea para hacer frente a las crisis financieras. Ese mecanismo se ha constituido como una sociedad jurídicamente independiente, y está habilitado para conceder hasta el 31 de diciembre de 2013 príéstamos a países en dificultades. Se financiará acudiendo a los mercados internacionales de capitales, y su garantía son los avales que concedan los Estados miembros accionistas.
En principio no supone aumentar el endeudamiento público (tan sólo el Estado debe ya 462.703 millones de euros), pero hay que tener en cuenta que los mercados financieros lo que están descontando, tanto en el caso de Grecia como en el Irlanda, es que en un plazo de 3 o 4 años habrá reestructuración financiera. Es decir, que los acreedores (los estados europeos) tendrán que hacer frente a una quita. A un descuento. “Simplemente porque países como Grecia o Irlanda no estarán en condiciones de devolver los críéditosâ€, asegura el director del servicio de estudios de una importante entidad financieras. “Los países atrapados por la crisis están abocados a hacer una restructuraciónâ€, sostiene.
En su opinión, lo que está sucediendo es la antesala de un hecho histórico. Países ricos pertenecientes al área de la OCDE tendrán que hacer lo mismo que antes hicieron algunos países emergentes que tenían que pasarse por el Club de París para renegociar su deuda. Y lo que es todavía más significativo, tendrán que discutir su política económica con los acreedores. El real decreto aprobado por el Gobierno español en mayo de este año -que es la mera trasposición de los acuerdos del Consejo Europeo- precisa que “este apoyo, en coordinación con el Fondo Monetario Internacional, estará sujeto a estrictos requisitos de condicionalidadâ€.
Un problema de soberanía
O lo que es lo mismo. Esto quiere decir que los países beneficiados por el fondo de rescate perderán buena parte de su soberanía económica, algo que ha levantado ampollas en Grecia e Irlanda. Ayer mismo, algunas fotos distribuidas por las agencias de noticias daban cuenta de pintadas en las calles de Dublín exigiendo que el FMI no tomara las riendas de la economía.
Sin embargo, lo cierto es que los mercados dan por hecho que Irlanda no podrá devolver sus deudas, lo que explica que la rentabilidad del bono a 10 años se sitúe ligeramente por encima del 8%, algo inasumible para una economía que apenas crece y con un sistema financiero quebrado. Los irlandeses, al menos, y por el momento, aseguran que la UE no ha condicionado el rescate a elevar el tipo del impuesto de sociedades (12,5%), la gran ventaja competitiva de la isla frente a sus socios de la UE. Ayer mismo un responsable de Hewlett Packard anunció que si sube la fiscalidad de las empresas la multinacional estadounidense abandonará el país. Lo cierto es que Irlanda y España son los países con menor capacidad de recaudación, apenas un 34% del PIB en 2009.
El convencimiento de que Irlanda -ni Grecia- no tienen capacidad para devolver sus deudas tiene que ver con la depresión económica que le espera al país en los próximos años. El Gobierno de Dublín se comprometió ayer a un ajuste fiscal equivalente a unos 15.000 millones de euros (10.000 millones recortando gasto y 5.000 millones aumentando impuestos), lo que significa cerca del 10% del PIB. Es como si el Gobierno de Zapatero anunciara mañana un ajuste equivalente a 100.000 millones de euros en sólo cuatro años, algo completamente inasumible. Salvo que la economía entrara en una senda de recuperación sostenida, algo que hoy por hoy se antoja imposible.
Irlanda, por ejemplo, se ha comprometido a rebajar el salario mínimo, a despedir a 28.000 empleados públicos (cerca del 8% de las plantillas, a recortar el gasto social un 10% y a poner un impuesto sobre la propiedad de las viviendas de 500 euros anuales.
