Josíé Luis Rodríguez Zapatero tendrá que justificar su despecho hacia las energías limpias en los tribunales internacionales. Los inversores foráneos con intereses en la industria fotovoltaica española han movido ficha y estudian pedir un arbitraje internacional para obligar a que el Ejecutivo respete sus inversiones. En vísperas de Nochebuena, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto-ley por el que limitaba las horas con derecho a prima de las plantas solares. Una medida que propios y extraños ven como una quiebra de la seguridad jurídica, ya que modifica con carácter retroactivo las condiciones legales en que afrontaron los proyectos.
Según explican fuentes del sector, la principal opción legal que contemplan a día de hoy los inversores extranjeros para defender su negocio es acogerse a la Carta Europea de la Energía, declaración suscrita en los años noventa por los principales países europeos con el fin de crear unas condiciones de igualdad y reciprocidad en las inversiones energíéticas efectuadas en el continente. Está ratificada por 35 Estados. De hecho, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif), que cuenta entre sus 485 asociados con empresas extranjeras con delegación en España, ya prepara una plataforma para canalizar esas reclamaciones.
Hay tres instituciones que pueden resolver una controversia si un inversor decide someter a arbitraje la disputa con un Estado: el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial; el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). La cuestión no es baladí, en tanto los laudos son vinculantes y definitivos. “La parte contratante está obligada a prever el cumplimiento efectivo de dichas sentencias en su áreaâ€, expone la Carta al explicar el sistema de resolución de controversias.
Los bancos y empresas extranjeros no se han mantenido pasivos desde que el Gobierno insinuó su intención de cambiar de las reglas de juego en el sector fotovoltaico hace ocho meses. Fondos de inversión internacionales hacían llegar en junio una carta a Zapatero para manifestarle su inquietud por la aplicación con carácter retroactivo de una rebaja en las primas a la producción de las energías renovables. La suscribían firmas como AES Solar, Ampere, Element Power, Hazel Capital, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax, NIBC Infraestructure, Platina y 9/Ren. El capital extranjero comprometido en la industria solar supera los 10.000 millones de euros, con una exposición de 7.000 millones por la gran banca europea.
Recurrir cada liquidación de la CNE
No es ni mucho menos el único frente legal que se plantea. Los nacionales tambiíén están en armas. “Tenemos la intención de inundar el Constitucional a recursosâ€, explica un promotor de parques fotovoltaicos. El procedimiento aquí será diferente, ya que la aprobación de la norma mediante Real Decreto-ley blinda la actuación ante los jueces. “Sólo pueden recurrir el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los parlamentos y gobiernos autonómicos. Por tanto, los afectados tienen que esperar a que se produzca un acto jurídico que les perjudique para elevar un recurso a la Audiencia Nacional y que íésta plantee una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. El problema es el tiempo que se puede prolongar este procesoâ€, se lamenta desde una asociación.
Despuíés habrá que esperar unos meses para ver los primeros recursos. “Si se ha limitado la producción de mi planta a 1.700 horas anuales, cuando hace 2.200 horas año tras año, no podríé recurrir hasta que cubra el nuevo cupo y dejen de pagarme la retribución –explica un promotor-. Si en octubre alcanzo las horas fijadas y la Comisión Nacional de la Energía deja de abonarme la prima en noviembre, será entonces cuando pueda recurrir el acto administrativo ante los tribunales. Y así lo haremos una liquidación tras otraâ€. Una decisión que está sobre la mesa de las más de 50.000 plantas fotovoltaicas, la mayoría en manos de particulares.
La limitación en las horas de funcionamiento con derecho a prima afectará al período comprendido entre los años 2011 y 2013. “La producción que exceda el umbral se venderá a precio de mercado mayoristaâ€, recoge el Ministerio. Entiende el departamento de Miguel Sebastián que al fijar un límite de horas, sin tocar la retribución como tal, no incurre en retroactividad. Es lo que jurídicamente se entiende como retroactividad impropia, en tanto no obliga a devolver las primas ya cobradas. Según calcula el sector, la reducción de las primas en los próximos tres años es de un 30% de media, un ajuste que puede hacer inviable los modelos de financiación de las plantas, en su mayoría con apalancamientos de entre el 80% y el 90%
“A mí los números no me salen en los próximos tres años. La garantía para devolver el críédito eran unas primas reguladas por ley. El banco sigue pidiendo lo mismo y los subsidios se reducen un 30%. Las empresas, o no van a poder pagar, o se van a quedar sin liquidez. Sin contar con que cualquier amenaza de refinanciación te funde. Ese escenario es para dar las llaves al bancoâ€, explica otro afectado. ¿Posición de la banca? “Todavía ninguna. Han vuelto de vacaciones el día 10 tras cerrar el año y están haciendo númerosâ€, asegura un inversor
