Cómo evaluar el nuevo sistema de jubilación
por Josep Manel Comajuncosa
A la espera del proyecto de ley que debe presentarse hoy sobre la reforma del sistema público de pensiones, parece que Gobierno y sindicatos han llegado a un acuerdo sobre las líneas básicas de esta reforma.
Antes de valorar posibles cambios, se imponen algunas consideraciones de fondo. Pese a que es la presión de los mercados y de las autoridades europeas lo que ha forzado esta reforma, se trata de un tema sujeto a debate desde hace más de una díécada.
La evolución de la demografía va en contra del actual sistema hasta el extremo de hacerlo inviable en su estado actual. Mientras que en la actualidad hay cuatro personas en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilación, en 2050 habrá solo 1,6. Traducido en costes económicos, esto quiere decir que si hoy el Estado dedica al pago de pensiones un 8% del PIB, de mantenerse el sistema en su estado actual en 2050 este porcentaje se doblaría (16%). Si el resto de servicios públicos se ha de mantener al nivel presente, para pagar las pensiones sería necesario un aumento sustancial de los impuestos que comprometerían el crecimiento y la ocupación.
Si se quiere mantener este porcentaje a un nivel más o menos constante, la única solución es que el Estado sea algo menos generoso y que las personas trabajemos durante un periodo de tiempo algo más largo. Es decir, que por tíérmino medio, la relación entre lo que una persona cotiza a lo largo de toda su vida laboral y la pensión que recibe a lo largo de toda su vida como jubilado disminuya.
En pocas palabras: esto equivale a reducir las pensiones. Pero con una importante matización: si la economía crece suficientemente es posible que en tíérminos monetarios, e incluso de poder adquisitivo, las pensiones se mantengan o aumenten.
Como la reforma se aplicará de forma muy gradual, y los cambios solo tendrán efecto pleno dentro de más de una díécada, no es descabellado pensar que la economía española crezca durante ese lapso de tiempo. Por este motivo, resulta de gran importancia realizar simultáneamente a la reforma de las pensiones otras reformas estructurales necesarias para mejorar la competitividad de la economía española y conseguir que íésta retome una pauta sostenida de crecimiento.
Volviendo a la cuestión, para conseguir disminuir la relación entre lo que se va a percibir y lo cotizado existen diversas posibilidades. Ya parece claro que el Gobierno va a decantarse por una combinación de varias de ellas. Retrasar la edad de jubilación. Aumentar el número de años que computan para el cálculo de la pensión, pues se incluyen años más alejados a la jubilación en que la gran mayoría de personas tienen ingresos inferiores. Retrasar la edad mínima de jubilación. Aumentar el número mínimo de años que es necesario haber cotizado para poder aspirar a la pensión máxima.
Los cambios concretos en cada uno de estos parámetros van a servir para determinar en quíé magnitud se reduce la relación entre lo cotizado y lo que se va a percibir, así como la distribución de esa disminución entre distintos tipos de ciudadanos. Aunque la letra de la ley no hable de ello, el impacto económico de esa ley sí que debe contemplarse desde esta óptica.
De las informaciones que se han ido filtrando se desprenden algunos aspectos positivos. Uno sería la flexibilidad. La cifra de los 67 años no caerá como una losa sobre toda la población. Seguirá siendo posible jubilarse algo antes, eso sí, aceptando recortes en la pensión. Recortes muy pequeños, parece, para aquellas personas que ya lleven muchos años trabajando.
Otro aspecto positivo es que se amplia el número de años a computar para el cálculo de la pensión. Los últimos años de la vida laboral son aquellos en que existe una mayor desigualdad en los ingresos de las personas y, hasta el momento, las pensiones tendían a reproducir esa desigualdad. Un aumento de los años en el cómputo mejorará la equidad del sistema.
En última instancia, el criterio para valorar la efectividad de los cambios que se establezcan en el sistema será ver si estos permiten mantener estable, en porcentaje del PIB, a medio y largo plazo, el gasto necesario para pagar las pensiones. Cuando conozcamos los detalles, deberemos coger la calculadora y realizar operaciones aritmíéticas o realizar simulaciones con el ordenador. Pero el Gobierno debe asegurarse de que el resultado final de la reforma consigue el objetivo mencionado. Que no se haya hecho trampas a sí mismo. De lo contrario, los mercados volverán a fijar su penetrante mirada en nuestra economía. Y lo que es aún peor, el sistema público de pensiones podría seguir siendo inviable a medio plazo.
Josep Manel Comajuncosa. Profesor de Economía de Esade (URL)
