La meta de la CMT es el conocimiento. Y con ese objetivo ha encargado una encuesta para estudiar cuál es el grado de competencia y de satisfacción con las telecomunicaciones en las empresas y Administraciones. Se trata de un primer paso, que puede no terminar en nada, pero la legislación permite imponer reglas específicas a este segmento si se detecta que no hay suficiente rivalidad.
El ruido se oye cada vez más alto en los últimos tiempos y no solo en España, sino en toda Europa. Las operadoras alternativas han comenzado a moverse para poner sobre la mesa una preocupación: la liberalización de las telecomunicaciones está funcionando en mayor o menor medida entre los clientes particulares, pero en el segmento empresarial y en las Administraciones públicas los exmonopolios siguen dominando el mercado y las cuotas demuestran que la apertura todavía no es real, según señalan fuentes de estas compañías.
Hasta el momento ninguno de los países europeos ha tomado medidas específicas, pero entre el grupo de reguladores europeos hay cierto consenso en que es importante conocer cuál es la realidad de la competencia en el segmento empresarial. Y eso es lo que ha puesto en marcha en España la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), con el lanzamiento de una encuesta sobre "uso y satisfacción de las tecnologías de la información en las empresas y Administraciones públicas".
Se trata de la primera vez que la CMT hace una encuesta específica para este segmento y en ningún momento oculta sus intenciones. "Las autoridades nacionales de reglamentación europeas se encuentran analizando las implicaciones regulatorias derivadas de la prestación de comunicaciones al segmento empresarial", dice la primera cláusula del documento que explica el porquíé de la iniciativa, al que ha tenido acceso este diario. En última instancia, "el objetivo es analizar si el segmento empresarial presenta características diferentes de las existentes en el sector residencial y que requerirían de una consideración específica", añade. La CMT deja claro que ha escuchado el malestar del sector, al reconocer que "los operadores han mostrado su interíés y la necesidad de acometer un estudio pormenorizado de la evolución de este segmento de clientes".
Por ahora se trata solo de una encuesta para estudiar este submercado, pero a medio plazo puede ser más. O no, dependiendo de las conclusiones del análisis que está realizando la empresa GFK.
Y es que las normas europeas permiten a la CMT establecer una regulación específica para el segmento empresarial, distinta a la del segmento residencial. Es un instrumento que nunca se ha utilizado y eso que se han cumplido ya 12 años desde la liberalización en España, pero ahora ha comenzado a valorarse esa posibilidad.
Siguiendo la tendencia europea, el regulador nacional ha separado tradicionalmente los mercados por tecnología -el de banda ancha, de telefonía móvil, de telefonía fija- y por otras consideraciones más tíécnicas. Estos mercados se estudian en profundidad cada dos años para ver cuáles son los remedios regulatorios que deben ponerse para que la competencia sea lo más perfecta posible y los usuarios puedan aprovechar los beneficios que eso conlleva: mejores precios y servicios. Pero hasta ahora nunca se ha decidido poner obligaciones distintas dependiendo de si los servicios estaban destinados a particulares o a empresas.
Esto es lo que puede cambiar la encuesta encargada por la CMT si sus conclusiones demuestran que la competencia en el segmento empresarial no es todo lo perfecta que debería.
Una diferencia que llega a los 30 puntos
Que la CMT lance ahora una encuesta no significa que no tuviera antes datos del segmento empresarial. Los ha tenido durante todos estos años, pero solo los que ella pedía a las operadoras sobre sus clientes. Y estos datos dejan claro que la competencia en el segmento empresarial es muy inferior a la del particular.
La diferencia más grande se da en banda ancha. Según los últimos datos de la CMT, a cierre de septiembre Telefónica era dueña del 78,4% de las líneas de banda ancha de las empresas, mientras que su cuota entre los clientes particulares es del 48,5%. Son casi 30 puntos porcentuales de diferencia. Eso significa que los rivales del exmonopolio solo han conseguido captar dos de cada diez clientes empresariales en este negocio.
Si se mira la telefonía fija, la distancia es menor, pero tambiíén existe. El 80% de las líneas empresariales son de Telefónica, frente al 65% de las líneas de particulares.
Si la CMT detecta que esto es fruto de un problema competitivo, la ley le da poder para imponer a Telefónica obligaciones que compensen el desequilibrio. Su arma es la capacidad para fijar los precios mayoristas y las condiciones de acceso a la red de Telefónica. Todos estos años, las condiciones han sido las mismas tanto si el servicio era para un particular como si era para una empresa, pero la CMT podría decidir ahora que Telefónica tiene que poner una oferta mayorista a disposición de sus rivales a precios más bajos si el destino es el segmento empresarial. Eso permitiría a rivales como Vodafone, Orange o Jazztel hacer ofertas más competitivas a los clientes corporativos o a las Administraciones, ya que el precio que tendrían que pagar a Telefónica por alquilar su red sería menor y, por tanto, tendrían más margen.
Incertidumbres
La CMT no está sola en su preocupación. Fuentes del sector señalan que la Comisión Europea tambiíén está mirando el tema y que podría emitir una recomendación a finales de este año.
Sin embargo, el proceso desde que se inicia el estudio hasta que se decide si se imponen obligaciones y cuáles, es largo. En el caso de la CMT, este periodo va a incluir un cambio de consejo, así que serán los nuevos responsables los que decidirán cuál será el final de la investigación que acaba de lanzarse.
