La caída en la licitación, la corta vida de los contratos y la entrada de nuevos competidores han hecho que se instale la máxima tensión en el negocio de la conservación de carreteras. El año pasado salieron a concurso 31 contratos, de los que prácticamente todos eran renovaciones y terminaron cambiando de manos. Las empresas especializadas urgen soluciones a Fomento, como el endurecimiento de los requisitos para contratar o un alargamiento de los plazos de adjudicación.
Acciona no pudo mantener el año pasado cuatro de los contratos de conservación que llevaba ocho años atendiendo. Matinsa (FCC), Grupisa (Ferrovial) y API (ACS) se enfrentan este año a la posibilidad de perder una veintena entre las tres. Y es que vence para ellas el plazo de ocho años (el contrato inicial de cuatro años más una primera renovación) durante el que la Dirección General de Carreteras les confió la atención de algún punto de la red de infraestructuras viales.
"En este negocio suele darse una primera renovación del contrato, pero son contados los casos en que se logra la segunda. A los ocho años de trabajo en una misma carretera se da la píérdida generalizada de las adjudicaciones independientemente de cómo lo estíés haciendo o de tus capacidades", citan empresas del sector consultadas por este periódico. En 2010 Fomento licitó 31 contratos de conservación, de los que el 100% respondía a renovaciones, y todos ellos cambiaron de manos. Según datos públicos, esos 31 concursos sumaban un presupuesto sin IVA de 262 millones, lo que implica 2,8 millones al año por contrato.
Más allá de la escasa licitación de Fomento, entre las empresas especializadas se apuntan varios problemas que están creando un ambiente de tensión en el sector, y de íéste con la Administración. A la vista de la madurez del mercado español de las infraestructuras, el Gobierno ha venido afirmando que el negocio con más futuro es el de la conservación de aquello que se ha construido hasta el momento. Un anuncio que ha animado a compañías hasta ahora ajenas a esta actividad a disputar una porción del pastel.
La firma de aglomerados Padecasa, su rival Oca o el grupo Blue Eyes, operador de grúas entre otras actividades, son algunos de los nuevos entrantes. Junto a ellos, han irrumpido firmas como Geseco, Taboada, Carija, Aldesa, Ortiz o Gevora en el afán de diversificar sus actividades de construcción o servicios. "El nivel de exigencia para obtener la clasificación de contratista para la conservación de infraestructuras es cada vez menor al no exigirse experiencia", citan fuentes empresariales molestas con la actual situación. Algunas de estas firmas tenidas por intrusas ya cuentan con una primera adjudicación ganada a lo largo de 2010.
Con la situación en este punto, la Asociación de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) es optimista respecto al cambio que tuvo lugar en diciembre al frente de la Dirección General de Carreteras, con la marcha de Aureliano López y el nombramiento de Josíé María Pertierra. "El nuevo Director General se ha mostrado muy receptivo con la problemática que soportan nuestras empresas", explica Pablo Sáez, director de Acex. De momento, en 2011 ya se ha puesto en juego un contrato, el del mantenimiento del túnel de Somport (Huesca) y API (ACS) parece llamada a renovar pasando de los ocho años de trabajo en ese punto.
Desde el sector se está trasladando a Fomento que se extreme la vigilancia sobre la capacidad, grado de especialización y experiencia de los nuevos aspirantes a mantener en buen estado las carreteras. Acex, por ejemplo, viene insistiendo en los últimos años en que la calidad del servicio tiene máxima repercusión en la experiencia del usuario.
Una segunda demanda es que se elimine el veto, que parece existir de facto, a la renovación más allá de los ocho años de permanencia en un contrato. En tercer lugar, las empresas están solicitando que sea aprovechada al máximo la legislación vigente y las adjudicaciones puedan realizarse por cuatro años, con una posible extensión de dos, y no por los tres años actuales con una posible prórroga de un año.
Una actividad que mueve 2.500 millones anuales
La conservación de infraestructuras mueve en España unos 2.500 millones anuales y da empleo a 10.000 personas, según datos que maneja el sector. Como sucede en la construcción, ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, Sacyr y OHL son las que dominan el negocio, con filiales especializadas como API, Grupisa, Matinsa, Valoriza Conservación o Elsan.
Fomento viene destinando unos 1.100 millones de media por ejercicio a la conservación y entre sus objetivos para el año pasado se encontraba que otros jugadores de menor tamaño, normalmente empresas de implantación regional, tuvieran mayor protagonismo en el negocio con el fin de proteger el empleo. Eso ha hecho que se generalicen las alianzas de referencias de toda la vida con firmas más pequeñas, que muchos en el sector tachan de intrusos.
Los trabajos de conservación atañen a obras y servicios que van desde el mantenimiento del firme, hasta la limpieza de las cunetas, la retirada de nieve de la calzada o el cuidado de la señalización y alumbrado.
Más allá del segmento de las carreteras, el sector calculó que el díéficit que España acumula entre 2005 y 2009 en mantenimiento de infraestructuras, incluidos puertos, aeropuertos, vía fíérrea, presas y las citadas carreteras, alcanzaba los 8.600 millones de euros. Pero es que solo en carreteras, lo que ha dejado de invertir este país para tener al día la red suma los 7.295 millones.
El Banco Mundial recomienda a los Gobiernos una inversión anual del 2% del valor de las infraestructuras para el cuidado de las mismas, ratio que tambiíén señalaba España en su Plan Estratíégico de Infraestructura de Transporte. En 2009 el Estado invertía alrededor del 1,6% y las Comunidades el 1% sobre el valor patrimonial de sus carreteras.
Las cifras
262 millones fue el montante en 2010 de los contratos de conservación de carreteras licitados por Fomento.
31 fue el número de contratos puestos en juego por el Ministerio de Fomento, con una media de 2,8 millones al año por adjudicación.
8.600 millones marca el díéficit en conservación de infraestructuras entre 2005 y 2009.
