Crecen las incertidumbres sobre la reestructuración de las cajas de ahorros, y sobre las exigencias que el Gobierno planea imponerles para que se pertrechen de suficiente capital propio para garantizar su solvencia incluso frente al estallido de nuevas crisis financieras como la que aún colea.
Las últimas dudas llegan desde Bruselas, donde se considera que no está claro que España pueda recurrir a la vía legislativa para aplicar a todo el sector requisitos más duros que los contemplados en el texto del acuerdo internacional de Basilea III.
Basilea III, cuyo texto definitivo es de diciembre de 2010, establece que las entidades bancarias dispongan de reservas de capital del 8 por ciento; eleva las exigencias de calidad de estos fondos con respecto a Basilea II -el estándar internacional anterior-; e introduce exigencias de liquidez y controles sobre el apalancamiento. Pero el Gobierno español prevíé recurrir a la legislación para imponer a las cajas de ahorros que no coticen en bolsa unos niveles de reservas de capital propio que rondarán el 9,5 por ciento.
Basilea III es un acuerdo entre profesionales y autoridades bancarias que, para ser aplicado, debe ser traducido en legislación. En la Unión Europea (UE), igual que con los acuerdos precedentes, la aplicación de Basilea se hará de manera armonizada. La Comisión Europea prevíé presentar esta primavera o, en cualquier caso, antes de las vacaciones de verano, una propuesta legislativa.
Propuesta que luego renegociarán los ministros de Economía y Finanzas de los 27 países del club, y el Parlamento Europeo. El objetivo es que la negociación haya concluido de manera que su resultado estíé en vigor en 2013, y pueda así cumplir con la primera fecha de aplicación prevista por Basilea III.
Pero en plena vorágine para reflotar el sistema bancario español, el Gobierno se ha adelantado a los lentos y sinuosos procedimientos comunitarios. Y ha interferido en ellos hasta el punto de que no se sabe si la lectura que Madrid hace de Basilea será compatible con la que hagan Bruselas y el resto de países de la UE.
"Los españoles van más rápido, y aún no tenemos claro si quieren imponer requisitos de capital más elevados a travíés de legislación o a travíés de la supervisión, entidad por entidad", explicaron ayer fuentes comunitarias que trabajan en la traducción de Basilea III a la futura normativa comunitaria.
El matiz es importante porque una de las claves de la inminente negociación en Bruselas es si cada Estado podrá, por libre, legislar para imponer al conjunto de su sector nacional exigencias de capital más elevadas que las de Basilea. Ese debate está aún abierto. Pero esas mismas fuentes comunitarias admiten que nada se opone a que los supervisores nacionales bancarios, entidad por entidad, puedan ir más lejos que Basilea.
