La reestructuración del sistema financiero -en particular, las cajas de ahorros- no le va a salir gratis al sector público. Al contrario. La factura ascenderá a unos 1.500 millones de euros. O lo que es lo mismo, cada uno de los 15.000 despidos que se prevíén en el sector (en su gran mayoría prejubilaciones) tendrá un coste aproximado de 100.000 euros por persona.
El gasto para el Estado tiene que ver con el hecho de que la reconversión en el sector se está llevando a travíés de expedientes de regulación de empleo (EREs), lo que obliga al Servicio Público de Empleo Estatal a pagar durante dos años tanto las cotizaciones sociales durante el periodo en que el trabajador estíé en situación de desempleo, como las prestaciones económicas derivadas de su situación de inactividad. Según fuentes de absoluta solvencia que conocen bien los entresijos de los planes de reestructuración, esto supone un coste para el Estado de unos 50.000 euros por cabeza.
La otra partida del gasto hay que relacionarla con el ‘efecto fiscal’, que supone dejar exenta una parte del salario que recibirán los empleados de las cajas de ahorros desde el momento en que dejen de ser considerados parados hasta los 64 o 65 años –según las circunstancias- en que pasarán a estar jubilados. Según esas fuentes, alrededor del 90% de las bajas serán prejubilaciones a partir de los 55 años.
Esto quiere decir que, al mismo tiempo que el Gobierno, sindicatos y empresarios impulsan la prolongación de la jubilación, el sector de las cajas prescindirá del alrededor del 11,3% de su fuerza laboral vía prejubilaciones. El gasto aproximado de este plan supone otros 50.000 euros por persona. En total, como se ha dicho, unos 100.000 euros por empleado.
Los acuerdos laborales alcanzados hasta ahora garantizan que cada empleado cobrará entre el 90% y el 95% de su salario neto actual hasta el momento en que pasen a la jubilación. En la reciente negociación sobre las pensiones, los sindicatos han conseguido excluir de la reforma a los procesos de reconversión laboral actualmente en marcha.
La novedad en el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros radica en que, por primera vez, los ajustes se han hecho a travíés EREs y no con cargo a reservas, lo que tambiíén hubiera mermado los ingresos del Estado, toda vez que las entidades pagaban menos a Hacienda por Impuesto de Sociedades. Es lo que los economistas denominan coste de oportunidad. En esta ocasión, se ha optado por seguir un camino que históricamente han recorrido grandes empresas como Telefónica o la industria del automóvil, que tradicionalmente han hecho el ajuste vía expedientes de regulación de empleo.
La explicación que se da desde las cajas para utilizar este procedimiento es que se trata de un sector en crisis económica y que, por lo tanto, entran de lleno en la casuística de los ERESs.
Casi 3.700 millones en beneficios en nueve meses
Las cifras oficiales de la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) indican, sin embargo, que el sector ganó durante los primeros nueve meses del año 2010 -aún no hay datos cerrados sobre todo el ejercicio- 3.694 millones de euros, lo que representa una disminución del 28,1%; mientras que el resultado antes de impuestos fue de 3.878 millones, un 34,9% menos que en el mismo periodo del anterior, según el avance de resultados.
Según fuentes autorizadas, los 1.500 millones que pagará el Estado por los ajustes laborales, suponen alrededor del 30% de los 5.000 millones de euros que costará la restructuración del sector, incluyendo el cierre de oficinas.
Las cajas de ahorros tienen actualmente una plantilla global de 132.340 empleados, un 20% más que los bancos pese a que se reparten prácticamente al 50% el sistema financiero. Hasta el momento, y según fuentes sindicales, los acuerdos laborales cerrados afectan a 12.986 trabajadores, pero otras fuentes consideran que al final se llegará al entorno de los 15.000 empleados.
La mayor parte del ajuste se aplicará en el Banco Financiero y de Ahorro (Caja Madrid, Bancaja y cinco entidades más), que se desprenderán de unos 4.000 empleados y unas 500 oficinas. El Banco Base (CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria) prejubilará a unos 2.200 empleados, el doble que la fusión de las cajas gallegas o las castellanas.
El dinero que gaste el sector público en el ajuste laboral de las cajas no será el único, aunque en este caso impone una remuneración del 7,75%. Hasta el momento, el Frob (Fondo de Reestructuración y ordenación Bancaria) ha inyectado a ocho procesos de integración 11.167 millones de euros, y otros 1.200 millones están listos para ser entregados a las entidades que el año pasado no superaron las pruebas de esfuerzo.
