El Congreso aprueba la 'ley Sinde' con los internautas en contra
La políémica ha empañado hasta el final la tramitación parlamentaria de la Ley de Economía Sostenible (LES). Si en un principio ha sido la famosa ley Sinde la que ha acaparado a lo largo de su procelosa discusión en el Congreso y el Senado todos los titulares y discusiones, procedentes de internautas, creadores e industria cultural, curiosamente otra políémica arrinconó ayer a la ley antidescargas, justo cuando se dio el visto bueno definitivo a la LES.
La supuesta ampliación de la vida de las centrales nucleares quitó protagonismo a una normativa que los creadores consideran esencial para poner orden en el mundo de internet, mientras que los internautas la critican con aspereza por considerar que atenta contra los derechos de los usuarios.
Curiosamente, la aprobación ayer de la ley Sinde tuvo lugar solo dos días despuíés de que una víctima colateral de la misma, ílex de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine, viviese su acto de despedida multitudinario en la ceremonia de los premios Goya.
Hasta conseguir el visto bueno parlamentario, la ley ha vivido momentos difíciles. El principal tuvo lugar cuando la ley fue rechazada en el Congreso a finales del año pasado y el PSOE se vio obligado a pactar con el PP durante su paso por el Senado.
Fruto de este acuerdo fue el compromiso del Ejecutivo de fortalecer las garantías jurídicas de la ley antidescargas y de revisar el canon digital. Estos dos puntos fueron las dos exigencias que había impuesto el principal partido de la oposición para respaldar la ley. Al pacto se sumó el partido nacionalista catalán. De esta forma, el juez intervendrá cuando tenga que ejecutar el cierre de una página web y, tambiíén, cuando haya que identificar e investigar a quien vulnere los derechos de propiedad intelectual en la red.
Del lado contrario se han situado los internautas, que han calificado a la ley de "atropello", como es el caso de la Asociación de Internautas. La industria de internet, a travíés de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), ha llegado a acusar de arriesgar el futuro de dichas compañías que alojan páginas web. La ley ya está aprobada, pero la políémica está lejos de acabar.
Un gran cajón de sastre
La Ley de Economía Sostenible ha sido desde su nacimiento un autíéntico cajón de sastre, donde han cabido iniciativas de los más dispares. Concebida como el proyecto estrella de la presente legislatura, el presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodríguez Zapatero, la calificó como una fórmula para cambiar el modelo económico productivo español. Pero la llegada de la crisis económica y el largo tiempo transcurrido hasta su luz verde parlamentario definitivo -llegó al Congreso en marzo de 2010- ha dejado a la LES un tanto devaluada.
Al final, la ley recoge asuntos tan variados como la reorganización de los organismos reguladores, aumento de la transparencia en la retribución de los consejeros tanto de las empresas cotizadas como no cotizadas; mejora del trato fiscal para el tercer sector; sobre universidades; energía; innovación y formación profesional; medio ambiente; responsabilidad social empresarial, y agilización de la contratación pública y fondos para el empleo.
