¿¿¿Explicacion de las caidas de hoy??? Aqui mismo:
Xcel cancela una planta eólica de 400 millones para proteger la vida salvaje
La compañía norteamericana Xcel Energy Inc. ha cancelado sus planes de construir un parque eólico de 150 megavatios, en cumplimiento con la Ley Federal de Minnesota que protege las especies amenazadas. Se trata de un caso más de proyectos industriales detenidos por la normativa ambiental.
El proyecto, denominado Merricourt, iba a suponer inversiones de 400 millones de dólares (283 millones de euros), y estaba esperando entrar en operaciones este año, de acuerdo con el documento enviado al organismo regulador.
Ubicada en Miníéapolis (Estados Unidos) la empresa Xcel Energy Inc. es uno de los mayores proveedores de energía eólica, según la Asociación Americana de Energía Eólica. La decisión de no proceder con la construcción fue tomada despuíés de determinar que los esfuerzos para minimizar su impacto sobre la vida salvaje saldrían demasiado caros
La compañía citó «el impacto adverso que este proyecto puede tener en las especies en peligro de extinción o amenazadas, protegidas por la Ley Federal, la incertidumbre tanto en el coste como en lo poco oportuno que resultase el proyecto en mitigar este impacto», informó Xcel en un documento enviado al organismo regulador.
«El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (The U.S. Fish and Wildlife Service) -que es un organismo federal- ha manifestado su preocupación porque ciertas especies de aves están en riesgo», sostuvo la empresa Xcel en una declaración a travíés de correo electrónico.
Tambiíén hay proyectos ‘paralizados’ en España
En España, la normativa ambiental tambiíén ha detenido algunos proyectos industriales de gran inversión.
La responsabilidad de las empresas en la protección al medio ambiente está estipulada en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, que obliga a «prevenir los daños derivados de la actividad económica y reparar los que se causen». Esta norma prevíé sanciones de hasta 2 millones de euros y la suspensión de hasta dos años de la autorización para la empresa.
Esta Ley fue aprobada por el Consejo de Ministros en 2007 y tiene por objeto hacer efectivo el principio de que ‘quien contamina paga’, con el fin de asegurar que los daños al medio ambiente ocasionados por las actividades económicas sean reparados de manera efectiva y a costa de sus responsables, evitando que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos.
Dentro de los proyectos en ‘suspenso’ en España está el de dos explotaciones petrolíferas de Repsol, que fueron paralizados el mes pasado por Medio Ambiente arguyendo razones medio ambientales.
Con la normativa impuesta, Repsol no podrá comenzar este verano la explotación de los dos nuevos pozos de petróleo situados frente a las costas del Delta del Ebro, en la provincia de Tarragona, que permitirían quintuplicar la producción de barriles que a diario procesa la plataforma Casablanca.
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) solicitó en marzo al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedes) un informe tíécnico complementario antes de dar luz verde a la declaración de impacto ambiental del proyecto, que Repsol esperaba tener en febrero.
Esta declaración es necesaria para poder llevar a cabo los trabajos de instalación de las tuberías submarinas que conectarán los dos nuevos pozos con la plataforma de producción Casablanca, donde el crudo será procesado y transportado.
El organismo encargado de la autorización final para el inicio del proyecto es el Ministerio de Industria.
Caso Hansa Urbana
En esta página tambiíén se recuerda el caso de la constructora española Hansa Urbana que ha desarrollado numerosos proyectos en España. Su proyecto turístico ‘Cabo Cortíés’, desarrollado en el noroeste de Míéxico, fue denunciado por la organización Wilcoast, ya que limita al norte con Cabo Pulmo, área natural protegida por el Gobierno mexicano desde 1995 y considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO desde 2005.
"Cabo Cortíés puede tener un impacto totalmente destructivo sobre el arrecife de coral y todo el ecosistema", denunciaba Fay Crevoshay portavoz de la organización Wilcoast.
Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Míéxico (equivalente al Ministerio de Medio Ambiente) emitió el pasado 5 de marzo, una nueva autorización al proyecto.
