Un cambio contable impide a las empresas de ACS, FCC, Sacyr o Abertis usar la libre amortización de activos para diferir su tributación, justo cuando el Gobierno va a invertir 17.000 millones.
Las grandes constructoras se han topado con otro obstáculo fiscal en plena íépoca de tijeretazos de la inversión productiva. La adaptación nacional a la nueva normativa contable internacional impide a las concesionarias de obra pública amortizar libremente los activos, como confirman a EXPANSIí“N tanto los fiscalistas como las empresas. Además, fuentes de Hacienda lo han confirmado informalmente a las empresas. Ello les asesta un duro golpe tributario, ya que no podrán atrasar el pago del Impuesto sobre Sociedades (el que grava los beneficios) como el resto de sectores.
Justo en el momento en el que más podrían hacerlo, con el plan de concesiones por valor de 17.000 millones de euros en la rampa de salida. Y, sobre todo, cuando más falta les haría, por la atonía económica, en especial del sector de la construcción. Más aún cuando el Gobierno acaba de anunciar que prorroga la libre amortización hasta 2015.
Las nuevas reglas contables consideran que las inversiones de las concesionarias de infraestructuras o servicios públicos se dividen en “inmovilizado intangible†o “activos financierosâ€. ¿Quíé significa eso? Sencillamente, que ya no existen para ellos ni el “inmovilizado material†ni las “inversiones inmobiliariasâ€, que son los dos tipos de activos que se podrían amortizar libremente. La realidad no cambia, lo hace la denominación de las cosas, y esa modificación acarrea consecuencias fiscales contundentes.
En concreto, las compañías no podrán recurrir a un gran volumen de amortizaciones que les haga apuntarse píérdidas fiscales pero no contables, para diferir el pago de impuestos. Dicho de otra manera, una empresa puede amortizar todo el gasto de un activo en el primer año, si quiere. Su base imponible se reduciría muchísimo y retrasaría el pago del Impuesto sobre Sociedades, pero el resultado contable no variaría.
Cabe recordar que en los primeros años de las concesiones se acumula el grueso del gasto (la construcción de las obras, por ejemplo), y en los últimos años se concentran los mayores beneficios. Por eso es tan importante poder amortizar cuanta financiación se quiera, para obtener críéditos fiscales que aplacen el pago de impuestos.
Plan público-privado
Además, el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) se desarrollará justo en los años en los que se ha prorrogado la libertad de amortización. Y no está de más recordar que la inversión asciende a nada menos que 17.000 millones de euros. Con la nueva norma contable, todo el juego fiscal al que podían recurrir legítimamente las concesionarias en el PEI se esfuma.
En la mayoría de los casos, las concesionarias son parte de un grupo fiscal. Y, dentro de íél, suelen ser de las empresas que tienen más capacidad de amortización de activos. Por tanto, la nueva normativa contable tambiíén perjudica a los grandes grupos de construcción de España, como Sacyr, ACS, Acciona, OHL, Ferrovial o FCC. Por ejemplo, desde Abertis ratifican la magnitud del problema, aunque no para esta empresa, que ya ha amortizado casi todo.
Al final, “conscientemente o no, se discrimina fiscalmente a las concesionariasâ€, asegura Daniel Gómez-Olano, director de Corporate Tax Services de KPMG Abogados.
