La crisis de Nueva Rumasa está derivando en situaciones cuando menos esperpíénticas. La familia Ruiz-Mateos presentó el pasado 22 de febrero ante el juzgado de primera instancia número 57 de Madrid una demanda de oposición contra el embargo de siete fincas por parte de Inversiones Radó en el que aseguraba que las firmas de los pagaríés que íésta pretende cobrar por la venta de dos hoteles están falsificadas.
Sin embargo, y despuíés de que Radó haya anunciado medidas penales ante esa falsificación para intentar cobrar los más de 4 millones que aún le tienen que pagar, en Rumasa se han echado atrás y lo niegan ahora absolutamente todo.
En un comunicado de prensa remitido a los medios, el grupo declara que "las firmas estampadas en el reverso de los pagares son autíénticas y corresponden a la familia Ruiz-Mateos, que se reserva el derecho de cuantas acciones civiles o criminales tenga derecho contra las infamias vertidas por la familia Radó".
Aunque Nueva Rumasa dice ahora que "los pagaríés fueron revisados en la firma ante notario por la familia Radó y sus abogados", en el escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso elEconomista, sus representantes legales alegan, sin embargo, que el embargo no se puede ejecutar "toda vez que mis representados no han avalado los efectos reclamados, recogiíéndose aparentemente su firma, cuya autencidad negamos, en el reverso de los pagaríés, sin antefirma alguna, sin que haya indicación alguna de que dichas firmas responden a un aval ni a quien avala".
Según afirma Joaquín Ybancos, abogado de Nueva Rumasa, este cambio de parecer obedece a "una estrategia procesal para intentar retrasar el embargo" de siete fincas, decretado ya por el juez .
De hecho, y una vez que se ha reconocido en un comunicado público que los pagaríés son autíénticos, el siguiente paso podría ser alegar que los pagaríés no reúnen las formalidades que se exige para avalar el pago. Entre otras cosas, y tras reconocer que las firmas son autíénticas, alegarán así a partir de ahora que íéstas deben ir en el anverso del documento.
"Las supuestas firmas de Don Josíé María Ruiz-Mateos y sus hijos se hallan en todas en el reverso de los pagaríés, lo que en todo caso podría tratarse de un endoso". Desde Inversiones Radó explican que Nueva Rumasa debe pagarles algo más de 5 millones de euros en total y, ante el intento de engaño y manipulación, "no nos queda más remedio que emprender acciones penales contra ellos".
Uno de los representantes de la familia Ruiz-Mateos llegó incluso a llamar ayer a Margarita Radó, administradora de la firma del mismo nombre, amenazándola con no pagar nunca la deuda pendiente si mantenían las acciones judiciales.
Embargos inmediatos
De momento, el juez ha requerido a Rumasa que abone a Inversiones Radó 1,2 millones de euros (910.573 en concepto de principal, 20.385 por gastos y 279.287 en intereses de demora), ordenando el "inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor, por las cantidades expresadas, por si no se atendiera el requerimiento".
En concreto, se decreta el embargo de cuatro fincas propiedad del Grupo Dhul, dos de Clesa y una cuya mitad pro indivisa es propiedad de Alfonso Ruiz-Mateos Rivero. Las fincas están situadas en San Roque (Cádiz), Alcalá de Guadaira (Sevilla), Alicante, Valverde de la Virgen (León), Jaíén y los municipios valencianos de Aldaya y Picanya.
Este embargo, que se conoció el pasado 3 de febrero, fue uno de los que provocó la avalancha de demandas por impago, precipitando además que el grupo tuviera que pedir el preconcurso para sus once mayores empresas.
Unos días despuíés, el 14 de febrero, se conoció de hecho otro embargo de Royal Bank of Scotland por 36 millones, además de varios llevados a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que el conglomerado industrial debe alrededor de 45 millones de euros. En Nueva Rumasa , en cualquier caso, se muestra totalmente tranquilos porque "hay varias alternativas en marcha y está ya cerrado al 99,9 por ciento un acuerdo con el fondo Oaktree y estamos pendientes tan sólo de redactar un comunicado conjunto que se hará público en uno o dos días como mucho".
Fuentes próximas al fondo, especializado en la reestructuración y rescate de empresas, insisten sin embargo en que se ha pedido información y que, a la espera de la misma, hay que realizar una due dilligence o auditoría de los activos para tomar una decisión.
Los Ruiz-Mateos, por si acaso, están ofreciendo las marcas, las fábricas y las empresas a diestro y siniestro. Tras ofertar Cacaolat y Dhul al gigante francíés Lactalis, el dueño de Puleva, están negociando tambiíén la venta de la fábrica de Clesa en Pontevedera al grupo Leche Río. El propietario de esta empresa, Jesús Lence, reconoció ayer que está realizando tambiíén una auditoría para decidir si firma o no, aunque en principio no oculta su interíés por la planta, que cuenta con 160 empleados y se dedica a la fabricación de yogures, flanes y quesos.
CCOO pide la expropiación
Mientras se concreta o no un acuerdo -en el caso de que no entre nadie lo más probable es que se adelante el concurso de acreedores-, CCOO denunció ayer que Nueva Rumasa ha recibido en torno a 25 millones de euros en ayudas autonómicas y municipales para inversiones productivas que ha "incumplido", por lo que reclamó al Gobierno que intervenga "rápidamente" y aparte de la gestión del holding a la familia Ruiz-Mateos para salvaguradar la viabilidad del grupo y los empleos. A la espera de acontecimientos, su situación es cada vez más crítica.
