Las comunidades autónomas han establecido para este año hasta 50 nuevas tasas para intentar contrarrestar, sin íéxito, la caída de ingresos fiscales. Nunca antes, los Gobiernos autonómicos crearon tantos tributos propios al unísono. La llamada fiscalidad verde ofrece una coartada para fijar nuevos hechos imponibles.
Las comunidades tienen poco margen para crear nuevos impuestos, ya que prácticamente todas las áreas de actividad económica están gravadas por tributos de alguna de las tres Administraciones (central, autonómicas o local). A pesar de ello, consejerías económicas, independientemente de su color político, se las han ingeniado para establecer este año hasta 50 nuevas tasas o impuestos, según los datos recopilados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales.
La mayoría de ellos se justifican con criterios medioambientales y tienen una muy limitada capacidad recaudatoria. La llamada fiscalidad verde permite a la Administración gravar nuevas actividades con la excusa de proteger la naturaleza. Un argumento que siempre resulta más amable ante el contribuyente que argí¼ir un mero afán recaudatorio. Cataluña y Murcia, con seis nuevas tasas, son las comunidades que más tributos han establecido para 2011. El anterior Gobierno de la Generalitat aprobó cánones sobre el agua y sobre la incineración y deposición controlada de residuos municipales y de la construcción. Además, estableció un nuevo gravamen de protección civil y un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales. En Murcia, los tributos tambiíén siguieron el filón de la fiscalidad verde. Y, además, se aprobó un recargo sobre el impuesto de actividades económicas, una posibilidad que solo tienen las comunidades autónomas uniprovinciales. De hecho, Madrid, La Rioja, Asturias y Cantrabria adoptaron la misma medida.
Por otro lado, Andalucía ha establecido un tributo sobre los depósitos bancarios. Una medida que Extremadura ya adoptó y que el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional en 2001. El Ejecutivo andaluz y el asturiano tambiíén han impuesto una tasa sobre "tierras infrautilizadas". Castilla y León es la única comunidad que no ha creado ningún tributo nuevo. Aunque baraja establecer una tasa elíéctrica.
Las comunidades tambiíén aprovecharon los Presupuestos para incluir más gravámenes sobre el juego. Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana optaron por este camino. Además, la ley del juego, que actualmente se tramita en el Congreso, permitirá a los territorios ingresar las nuevas tasas que se establezcan sobre el juego online. Los Gobiernos autonómicos podrán elevar hasta un 20% los nuevos tipos. Vistos los precedentes, no parece aventurado suponer que muchas comunidades no desaprovecharán esta oportunidad.
En cualquier caso, los expertos advierten que la capacidad recaudatoria de las reciíén creadas figuras tributarias es mínima. Aun así, este afán para establecer nuevos impuestos no se hubiera producido sin el desplome de los ingresos tributarios.
Los últimos datos que corresponden a 2009 indican que, por ejemplo, la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales -que grava la compraventa de viviendas de segunda mano- cayó un 60% en solo tres años. Para desgracia de las comunidades autónomas, no existe ninguna área de actividad que pueda suplir al sector inmobiliario, que durante años originó la mayoría de ingresos propios de las comunidades.
La imparable espiral de elevar los tributos
Las comunidades no solo se han lanzado a establecer nuevas tasas, sino que, además, han utilizado su capacidad normativa para elevar los impuestos cedidos total o parcialmente. Cataluña, Extremadura, Andalucía, Cantabria y Asturias aprobaron para este año elevar los tipos impositivos a las rentas altas en el IRPF. Estos mismos territorios, con la excepción de Cantabria, tambiíén subieron el impuesto de transmisiones patrimoniales, del 7% al 8%. Lo hicieron con el pretexto de equiparar el impuesto que se aplica a la venta de casas usadas al aumento del tipo reducido de IVA, que tambiíén subió del 7% al 8%, y que grava la adquisición de viviendas nuevas.
Algunas comunidades fueron un paso más allá. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que defendió en CincoDías la armonización de impuestos, estableció por primera vez tramos en el impuesto de transmisiones patrimoniales para gravar con un 10% la compraventa de viviendas usadas que superen los 600.000 euros.
Las dificultades financieras explican esta espiral de incrementos impositivos. De hecho, Andalucía, Murcia y Extremadura se han unido este año a Cataluña, Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Galicia al establecer el llamado cíéntimo sanitario. Supone fijar un tramo autonómico al impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. La Comisión Europea tildó de ilegal el cíéntimo sanitario. Aun así, ante las urgencias financieras de las comunidades, lo que opine Bruselas importa bien poco a los Gobiernos territoriales.
