Han pasado más de dos meses, pero Bruselas ha terminado pronunciándose sobre los últimos cambios legislativos impulsados por el Ministerio de Industria en el mundo de las energías renovables. El pasado 22 de febrero, los comisarios europeos Gunter Oettinger (Energía) y Connie Hedegaard (Acción por el Clima) remitieron una carta al ministro Miguel Sebastián para recriminarle la actuación del Gobierno español, dado que el carácter retroactivo de las nuevas medidas puede poner en cuestión los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que rigen las relaciones de Derecho en los Estados miembros de la UE.
La carta firmada por los dos comisarios (ver pdf) recoge el malestar y preocupación que muchos de los afectados por los cambios regulatorios introducidos en España a finales de 2010 respecto a las centrales solares fotovoltaicas han llevado hasta Bruselas. A este respecto, tanto el alemán Oettinger como la danesa Hedegaard recuerdan en el texto al ministro Miguel Sebastián sus reservas respecto al carácter retroactivo que supone la limitación de la producción anual primada de las instalaciones fotovoltaicas, ¨medida que ha suscitado grave preocupación¨ y que va en la línea de lo indicado otras veces por la Comisión.
La base de la crítica a la actuación del Gobierno de España radica en la "falta de estabilidad y previsibilidad", factores que pueden poner en riesgo de retraso, según explican los comisarios, las obligaciones asumidas por nuestro país de alcanzar un porcentaje del 20% del nuestro consumo energíético a partir de fuentes renovables para 2020. Esta aspiración forma parte del Plan de Acción Energíético adoptado por los países de la Unión Europea, que pretende tambiíén alcanzar una reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero en un 20% y el ahorro del consumo de energía en otro 20%. El ya famoso 20-20-20.
Como se expone en la carta, Oettinger y Hedegaard no cuestionan la conveniencia de ajustar las tarifas ni su necesidad, pero sí lo hacen a la hora de señalar que, en caso de realizarse, deben ser "pensando en el futuro y, por lo tanto, de manera previsible, en vez de tener un efecto retroactivo". Los dos comisarios recuerdan a Sebastián el riesgo que estas actuaciones pueden tener para la confianza de los inversores en las energías renovables, en este caso la fotovoltaica, y que puede "producir efectos similares en otros tipos de instalaciones y en otros países", dificultando así a todos el cumplimiento de las metas fijadas para 2020.
Una vez expuestos los argumentos, los responsables de Energía y de Acción por el Clima de la UE se atreven a pedir a Miguel Sebastián que "no escatime esfuerzos por mantener una política energíética estable y previsible" y que sea "cauto a la hora de estudiar medidas que afecten a las inversiones anteriores". Como le recuerdan al ministro español, los Estados miembros "tienen que garantizar el respeto de los principios del Derecho de la UE, incluidos los de seguridad jurídica y de protección de confianza legítima" que muchos de los afectados por los recientes cambios regulatorios consideran que se han vulnerado.
Durante las últimas semanas, el papel del Ministerio de Industria ha vuelto a estar cuestionado por el contenido de las medidas puestas en marcha para ahorrar en la factura energíética del país. Estas actuaciones, destinadas a paliar el impacto de la subida del petróleo, siguen la estela de las controvertidas decisiones sobre las fotovoltaicas, acusadas del aumento del díéficit de tarifa durante los dos últimos años. Sin entrar en el debate sobre el modelo de mix energíético de España, las decisiones de Industria parecen estar marcadas por la incapacidad existente para sostener la actual estructura energíética del país.
Esta situación de insostenibilidad del sistema hizo que 2011 arrancara con un subida histórica del 10% en el recibo de la luz, decisión que el ministerio de Industria atribuyó al coste generado por el boom de las renovables (sobre todo la industria fotovoltaica), de las que ha llegado a decir que suponen un grave riesgo a corto plazo para el sistema por razones económicas y tíécnicas, a la moratoria al carbón y al incremento del precio del petróleo. Una vez que el debate sobre las nucleares ha sido superado tras la prórroga concedida a las centrales, la escalada del precio del barril de brent, por encima de los 110 dólares, es la prioridad a combatir.
