La plantilla de Nueva Rumasa teme que la familia Ruiz-Mateos estíé destruyendo pruebas ante la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Madrid por posibles delitos de estafa y contra la Seguridad Social.
"El martes por la noche, sobre las once y media, vinieron un grupo de directivos a la fábrica de Clesa en la calle Herrera Oria, en Madrid, y cargaron cuatro coches llenos con documentos", explica Juan Carlos Velardo, secretario general del comitíé de empresa de la láctea.
Según cuenta el representante de la plantilla, "los trabajadores del turno de noche cruzaron sus propios coches a la salida y pidieron ayuda urgentemente a otros compañeros para evitar que pudieran marcharse, pero ellos mismos llamaron a la Policía, que levantó acta y les permitió irse. Pueden estar destruyendo pruebas, aunque ellos dijeron que era sólo para preparar el concurso de acreedores".
Bajo la lupa de Anticorrupción
Fuentes jurídicas de toda solvencia han confirmado, de hecho, que ante la noticia, que saltó de madrugada, la Fiscalía Anticorrupción ha estrechado el cerco, reforzando la vigilancia para evitar que Ruiz-Mateos pueda estar eliminando pruebas que le comprometan en un posible delito. Desde Nueva Rumasa se insiste, sin embargo, en que no hay nada de nada.
"La Fiscalía no va a encontrar nada. Fuimos nosotros los que llamamos a la Policía porque estaban impidiendo a los directivos salir de la fábrica. Que se ocupen de lo que tienen que ocuparse", explicó ayer un portavoz. Los representantes de los trabajadores, sin embargo, no se fían y han empezado a organizar brigadas de vigilancia para evitar que se retiraran activos y documentos de las plantas.
La situación es tan delicada que algunos directivos han comenzado ya a desmarcarse. Ayer, por ejemplo, la directora de Recursos Humanos de Clesa, Juncal Vázquez, negó en declaraciones a Efe haber sido quien retirara documentos de la fábrica de Clesa, ya que estaba reunida con 40 trabajadores del turno de noche explicándoles el anuncio de Nueva Rumasa sobre la solicitud de concurso de acreedores para varias empresas.
Vázquez asegura que acudió sobre las once de la noche a la sede de Clesa en Madrid a petición de un miembro del comitíé de empresa que le solicitó que explicara a los trabajadores lo que había pasado.
Entre las cuestiones que la plantilla quería conocer figuraban cuál era el funcionamiento del Fogasa y que si en caso de entrar en concurso de acreedores, como todo apunta que va a ocurrir, se les iba a extinguir el contrato. Hay que recordar que Rumasa ha anunciado un plan de reestructuración y despidos en todas sus fábricas para afrontar su gravísima situación financiera.
Mientras, los inversores del grupo siguen denunciando engaños permanentes por parte del conglomerado de la abeja.
Al margen de que el consejero delegado, Josíé María Ruiz-Mateos, insistiera el martes en rueda de prensa que se estaba pagando, cuando, según dicen, no es así. Lo último es que la Oficina de Atención al Inversor sigue explicando a todo aquel que llama que "siguen las conversaciones con Oaktree", pese a que este fondo ha descartado totalmente su entrada.
Pero íésa no es la única desinformación que ha cometido el holding. Según la documentación adjunta, Nueva Rumasa aseguró a sus inversores en los contratos que el 25 por ciento de su dinero iba destinado a adquirir un gran grupo alimentario.
Y además daba grandes explicaciones sobre la solvencia de las empresas avalistas y todas las marcas que atesoraban. La información económica no era del todo real a la vista de las cartas que el holding envió al Santander alertando de sus problemas.
Pruebas del engaño
El detalle en el que más atención están prestando los abogados que defienden a los inversores es el destino de dinero recaudado. Las cartas de Ruiz-Mateos a Emilio Botín, presidente del Santander, son todo un testimonio. "Los tiempos no están para invertir sino para recoger", decía una de ellas.
La Fiscalía Anticorrupción investiga precisamente si se captaba dinero para comprar empresas o si en realidad era para afrontar graves problemas de liquidez. Es precisamente ese detalle el que hace que abogados como Juan Antonio Vera del bufete Vera & Asociados, que representa a afectados de Granada, principalmente, le lleven a plantearse una demanda por la vía penal para que Nueva Rumasa responda del delito de estafa.
