El Tribunal de Justicia de la UE torpedeó ayer la línea de flotación de la política de la Generalitat de Cataluña, destinada a proteger a los pequeños comerciantes a fuerza de zancadillear la apertura de grandes superficies.
La Justicia comunitaria dictó una sentencia que ilegaliza el arsenal legislativo de la Administración autonómica y la central, al culparlas de restringir de forma injustificada la libertad de establecimiento.
La Generalitat asegura que la sentencia no cambia nada porque es sobre normativas ya derogadas. Y los representantes de los hipermercados, que la nueva reglamentación sobre el sector incurre en los mismos pecados que la anterior y no sólo en Cataluña, sino tambiíén en otras Comunidades Autónomas como Andalucía.
La sentencia dispara contra la Ley catalana de 2005 sobre equipamientos comerciales, "porque prohíbe implantar grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada de un número limitado de municipios". Y embiste el Decreto catalán de 2006 por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales, "porque limita la implantación de nuevos hipermercados a un reducido número de comarcas y exige que no absorban más del 9 por ciento del consumo de productos de uso cotidiano o del 7 por ciento del consumo de productos de uso no cotidiano".
En el punto de mira de la sentencia reciíén emitida por los jueces comunitarios están tambiíén la Ley española de 1996 de ordenación del comercio minorista, la Ley catalana de 2005 sobre equipamientos comerciales, y el Decreto catalán de 2006 por el que se desarrolla la Ley de 2005, "por exigir la aplicación de límites en cuanto al grado de implantación y a la repercusión sobre el comercio minorista existente, más allá de los cuales no se pueden abrir nuevos establecimientos comerciales grandes ni medianos".
El Decreto de 2006 tambiíén queda tocado "porque regula la Comisión de Equipamientos Comerciales garantizando la representación de los intereses del comercio minorista existente, y no contempla la representación de asociaciones de protección del medio ambiente ni de agrupaciones que velan por la protección de los consumidores".
