La norma deja una vía de escape al Estado y a los ayuntamientos. Dará un toque de atención a las comunidades que decidan bajar los impuestos.
El Gobierno se guarda un as en la manga en la nueva norma para limitar el gasto público que tiene previsto presentar despuíés de las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo. La nueva regla permitirá a la Administración central y a los ayuntamientos saltarse algunos recortes del gasto público a costa de golpear el bolsillo de los contribuyentes, según se desprende de una cláusula escondida en uno de los último párrafos del Plan de Estabilidad 2010-2014 que el Ejecutivo envió a Bruselas el pasado viernes. Para las CCAA será sólo una recomendación.
Según la explicación que el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea, “de acuerdo a la nueva regla, con carácter general, el gasto de las Administraciones Públicas, presupuestado y ejecutado, no podrá superar la tasas de crecimiento a medio plazo, de referencia de la economía españolaâ€. Ahora, bien, el propio documento matiza a continuación que “si se adoptan cambios normativos que supongan un aumento permanente de los ingresos, el crecimiento del gasto podrá superar lo establecido por la regla por la recaudación que se obtenga por esa víaâ€.
Es decir, la futura ley, que tiene como objetivo evitar “especialmente los comportamientos procíclicos†de los pagos públicos, permite paradójicamente sortear la austeridad si es a costa de subir impuestos. En román paladino: la ley deja una vía abierta a las administraciones para que se salten los límites a los pagos y que sigan gastando dinero público si, a cambio, cargan la factura sobre los bolsillos de los españoles.
El plan tambiíén fija la opción inversa. Que las administraciones que bajen los impuestos y, por lo tanto, tengan menos ingresos los tengan que compensar mediante recortes del gasto. Es poco probable que el Estado y los ayuntamientos (con un agujero fiscal cercano a los 100.000 millones de euros) vayan a recurrir a esta opción.
Sin embargo, esta segunda cláusula se puede interpretar como un toque de atención a comunidades como Cataluña, que ya han manifestado en público su intención de bajar impuestos. Los expertos consultados por este periódico apuntan que, en esta misma línea, el nuevo sistema de financiación autonómica ya incluía un artículo que castigaba a las comunidades que bajaran los impuestos.
Para más inri, el Gobierno equipara en la explicación de la nueva regla de gasto del Programa de Estabilidad el efecto económico de subir y bajar los impuestos, cuando la mayoría de los analistas advierten de que, a la larga, impulsar rebajas fiscales puede incluso ayudar a generar más ingresos a las administraciones públicas, ya que se fomenta el avance de la actividad económica.
Fuentes cercanas a Hacienda consultadas por EXPANSIí“N aseguran que, “indudablementeâ€, con esta redacción, el Ejecutivo “se reserva la posibilidad de incrementar el gasto con ingresos estructurales con cambio normativoâ€. Incluso llegan a asegurar que la declaración de intenciones hace un “guiño a los ortodoxos de izquierdasâ€.
Al menos, el Gobierno contemplará en la nueva norma que “los ingresos que superen lo previsto se destinarán a reducir el endeudamiento neto y no a financiar aumentos de gastos discrecionalesâ€. O sea, si las previsiones de ingresos de los presupuestos del Estado y de los consistorios se rebasan, los gestores no podrán impulsar medidas de gasto adicionales.
Esta última cláusula ya está incluida con una redacción similar en el proyecto de ley de sostenibilidad de las finanzas públicas de Galicia. Asimismo, que el superávit tenga que ir destinado a reducir deuda ya se incluía en la redacción del Partido Popular de la Ley de Estabilidad en 2001.
Diferencias en Economía por el límite a los gastos
El Gobierno no deja muy claro en sus propios documentos cuál será la cifra de PIB a la que ligará el nuevo techo de gasto, algo muy importante porque determinará si la norma es lo suficientemente restrictiva a ojos de la Comisión Europa.
El Programa Nacional de Reformas que se presentó el pasado viernes asegura que la nueva regla de gasto se fijará “atendiendo al crecimiento del PIB nominal en el medio plazoâ€, algo que los interventores y los fiscalistas consultados consideran que eleva el riesgo de una mayor presión fiscal.
Además, este límite podría seguir generando desequilibrios en las íépocas de bonanza. Sin embargo, el Programa de Estabilidad, que se presentó ese mismo día, deja la puerta más abierta. Afirma que el gasto no podrá superar “la tasas a medio plazo de referencia de la economía españolaâ€, salvo si se suben los impuestos.
Esta redacción da a entender que el Gobierno limitará la regla de acuerdo al PIB potencial, un criterio más cercano al Pacto del Euro y a la propuesta que ha hecho el PP en el Congreso. Sin embargo, los expertos consideran que lo verdaderamente importante es evitar que el avance del gasto se fíe a previsiones “a medio plazoâ€, lo que, a todas luces, seguirá contribuyendo a la inercia de los pagos públicos en íépocas de bonanza.
