Vodafone, Jazztel, AT&T, BT... La multa impuesta por la CE contra Telefónica va ganando refuerzos. La patronal europea de las operadoras alternativas ha pedido sumarse a la causa judicial.
France Tíélíécom está ahí desde el principio, no en vano fue la denunciante original de la conducta de Telefónica. La presencia de la asociación Ausbanc tambiíén ha sido aceptada y ahora es la patronal europea de las operadoras alternativas, ECTA, la que quiere sumarse a la causa, que no es otra que el juicio que tendrá lugar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dirimir si la multa de 152 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Telefónica en 2007 es acertada. Por supuesto, ECTA ya ha avanzado que su intervención pretende respaldar las conclusiones de la CE.
Telefónica está haciendo todo lo posible para que esta patronal quede fuera del proceso. La petición de ECTA se produjo el pasado mes de noviembre y en diciembre la operadora española presentó su escrito de oposición, según consta en varios documentos oficiales. Ahora, es el tribunal el que debe decidir si la patronal puede formar parte o no del proceso. El desenlace, según estos papeles, todavía se desconoce.
Frente común
La entrada de ECTA en la causa judicial supondría un salto cualitativo en los apoyos a la postura de la Comisión Europea y en contra de Telefónica. Y es que esta patronal representa a casi medio centenar de operadoras con actividad en Europa, algunas de ellas del tamaño de Vodafone, BT o AT&T. Bajo sus siglas, que responden a European Competitive Telecommunications Association, se esconde una de las dos grandes patronales europeas de telecomunicaciones, la que suma las fuerzas de las operadoras alternativas. La otra gran asociación, ETNO, es la que agrupa principalmente a las compañías que en su día fueron monopolios nacionales.
De ECTA, además, forman parte varias compañías que se vieron directamente afectadas por el comportamiento de Telefónica que la Comisión Europea sancionó. En 2007, Bruselas consideró a la operadora española responsable de una conducta anticompetitiva y perjudicial para sus rivales, que consistía en imponer precios excesivamente altos a sus competidores en el alquiler de su red de internet. Estas tarifas obligaban a las otras operadoras a subir sus precios de banda ancha a los clientes finales o a perder dinero, con lo que la competencia era imposible. Según la CE, este comportamiento fue responsable del subdesarrollo de España en banda ancha y de los precios por encima de la media del acceso a internet.
Entre las afectadas se encontraba France Tíélíécom, la operadora que denunció a Bruselas esta actitud de Telefónica, pero tambiíén Jazztel y Tele2, la compañía de banda ancha que hoy es propiedad de Vodafone. Todas ellas forman parte de la patronal ECTA.
El proceso se reactiva
La petición de esta asociación se produce cuando parece que el caso toma impulso, despuíés de casi cuatro años en la oscuridad. Tras la imposición de la multa, Telefónica recurrió y denunció a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE. Poco más se ha sabido desde entonces, más allá de la aceptación como partes involucradas de France Tíélíécom y Ausbanc, en representación de los usuarios afectados. Sin embargo, parece que el paríéntesis ha llegado a su fin. El próximo 23 de mayo tendrá lugar, al fin, una vista sobre el caso ante el tribunal de justicia.
