Por... Cristina López
Abril no solo es sinónimo de las lluvias y dulces cigarras que recitara el poeta salvadoreño Alfredo Espino, sino tambiíén de la menos poíética declaración del impuesto sobre la renta. Cada año, se repite el via crusis de solicitar constancias de renta, llenar formularios, hacer filas y para los menos afortunados, desembolsar un porcentaje de lo que el trabajo del período pasado, dejó como recompensa.
Hay que reconocer y aplaudir las acciones (costeadas, irónicamente con los impuestos que se desean recaudar) que el Ministerio de Hacienda ha venido realizando año con año en intentos por facilitar la declaración: ya sea ampliando y multiplicando sus sucursales y personal, y posibilitando la declaración y pago por internet (aunque solo beneficie a los que cuentan con la dicha de tener entre sus contactos expertos que entiendan el complicadísimo software).
Sin embargo, muchos coincidirán en que la declaración continúa siendo más complicada que simple, que permite excepciones que incentivan a los poco honrados a la defraudación al Fisco disfrazada con deducciones inventadas, y que por su complejidad, muchas veces se pone en duda la buena fe de gente honesta, cuando por pobres habilidades contables caen en algún error en el cálculo de su declaración.
El impuesto sobre la renta progresivo, es entendido por muchos como la manera más justa de declarar impuestos puesto que “los que ganan más, pagan másâ€. La gastada idea que venimos arrastrando desde lejanos periodos gubernamentales anteriores, de que paguen más “los ricos†para que el Estado pueda recaudar para los más pobres, es excelente, pero solamente en tíérminos de marketing. Esta herramienta tributaria para alcanzar la justicia social es sumamente injusta: vulnera la igualdad constitucional, pues es un sistema en el que los derechos de propiedad de los “ricos†y la clase media trabajadora no son respetados ante el Estado lo mismo que los derechos de propiedad de aquellos cuyos ingresos están exentos de impuestos.
Además, de ser ineficiente por la dificultad del sistema para declarar, no es la herramienta más eficaz para favorecer a los pobres. Como bien mencionara el destacado acadíémico guatemalteco Manuel F. Ayau, los más perjudicados por esos impuestos en que pagan más “los ricos†(y en nuestro caso, la clase media trabajadora) son los pobres, pues les cuestan oportunidades de empleo o salarios más bajos. Los más ricos, no es consumo lo que sacrifican para pagar su impuesto sobre la renta: lo que hacen, es reducir sus inversiones.
Cabe además recordar, que los impuestos tienden a desincentivar conductas. Lo anterior explica la lógica de los impuestos al alcohol o a los cigarrillos. Al ponerle un impuesto a las rentas o ganancias de las personas y empresas, se está poniendo un impuesto al trabajo, desincentivando la principal manera de hacer crecer la economía.
Lo que atrae las inversiones y el emprendimiento personal son las ganancias y los honorarios. El impuesto sobre la renta de personas naturales y empresas, y especialmente uno de tipo progresivo, incentiva a producir, invertir, y emprender menos, ya que hay un punto de equilibrio en el que trabajar un poco más, resulta en la diferencia entre pagar, u obtener devolución.
Lo ideal para favorecer la recaudación del Estado, afectar menos a las clases medias trabajadoras, favorecer verdaderamente a los pobres por medio de oportunidades de empleos y terminar con la vulneración a la igualdad constitucional del sistema actual, sería una reforma tributaria que fijara y redujera la tasa impositiva. Desgraciadamente, para la discusión de una reforma de este tipo deben dejarse fuera la ideología del revanchismo y el marketing populista. ¿Está lista nuestra clase política para eso?
