"Patologías organizativas". Con este contundente diagnóstico define el Tribunal de Cuentas los "excesos" de los ayuntamientos españoles en la creación de empresas públicas y organismos autónomos locales que, en muchos casos, se utilizan para eludir controles internos y políticos y no son justificables por criterios de economía ni de eficiencia.
En su Informe de Fiscalización del Sector Público Local correspondiente al período 2006-2008, el Tribunal de Cuentas concluye que la creación de una sociedad dependiente por parte de una entidad local "no ha respondido, en ocasiones, a nuevas necesidades que deban atenderse o a la racionalización de la gestión municipal, sino a la deliberada huida, principalmente en el caso de las sociedades mercantiles, de los controles internos o del control político municipal".
Y, además, "a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la ordenación del territorio, contratación, ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos".
Reordenar el sector público
Explica el órgano fiscalizador del Estado que los requerimientos del derecho comunitario en materia de contratación administrativa y de prespuestación y contabilidad han originado que en las leyes se busque de nuevo la reordenación y la homologación del sector público, aunque persiste, sin embargo, la discrecionalidad en el empleo público y en el ríégimen de control.
Es por eso que, en el ríégimen del empleo público, "el desarrollo de los entes instrumentales permite que se eludan las normas limitativas de la capacidad de selección del personal y de participación remunerada en los órganos de dirección de quienes carecen de la condición de funcionario público".
Mientras que en el ámbito del control, "el cambio de ríégimen jurídico organizativo público al privado provoca una distorsión notable en los sistemas de control interno de la administración local, que no cuenta con los medios ni instrumentos adecuados para realizar su función fuera de ella".
No son justificables
Expone tambiíén el Tribunal de Cuentas que la administración local ha adoptado estructuras organizativas similares a las de la Administración del Estado, mediante la creación de organismos autónomos, empresas y fundaciones. Unas entidades cuya creación "no siempre resulta justificable, ni atendiendo a su objeto ni por la necesidad de personificación que del mismo se deriva, ni por la complejidad jurídica, económica, financiera, organizativa y estructural que su constitución lleva consigo".
Y son, precisamente, estos "excesos de desarrollo sobre lo que debiera constituir una eficiente, eficaz y económica organización administrativa" lo que la institución que preside Manuel Núñez califica de "patologías organizativas".
"La propia estructura administrativa que soporta el órgano creado supone unos costes cuya evaluación no resulta, normalmente, suficientemente analizada y valorada y suelen implicar una duplicidad con los que desarrollan la gestión municipal ordinaria", añade el Tribunal de Cuentas, para quien, si se considera el tamaño de la mayoría de las entidades locales y de los servicios prestados por ellas, "no cabe justificar la necesidad de esa creación atendiendo a criterios de economía, eficacia y eficiencia".
Rendir cuentas
Otro aspecto destacable en el informe es el elevado número de administraciones locales que han incumplido con la obligación de rendir cuentas ante el Tribunal. Nada menos que 3.860 entidades -3.124 ayuntamientos y 508 mancomunidades- tienen pendientes de remitir al menos las cuentas correspondientes a uno de los tres ejercicios sometidos a fiscalización.
De entre todos ellos, el Tribunal de Cuentas destaca a siete municipios, capitales de provincia o con población mayor de 100.000 habitantes cuyas alcaldías no han rendido cuentas de ningún ejercicio. Se trata de los ayuntamientos de Barcelona, Girona, Sabadell y Terrasa, en Cataluña; Parla y Torrejón de Ardoz, en Madrid; y León, en Castilla y León.
Tambiíén, entre los grandes municipios, el Ayuntamiento de Badalona tiene pendiente de remitir la cuenta correspondiente a los años 2006 y 2008. Al Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat le falta rendir la cuenta del año 2006. Y otros ocho ayuntamientos más tienen pendiente de enviar la cuenta de 2008: los catalanes de Reus y Santa Coloma de Gramanet; Huelva, Granada, Córdoba y Sevilla en Andalucía; y los madrileños de Alcorcón y Móstoles.
Como consecuencia de estos incumplimientos, el Tribunal de Cuentas ha iniciado, entre octubre de 2010 y enero de 2011, el procedimiento para formular requerimientos conminatorios y, en su caso, la imposición de multas coercitivas a 159 alcaldes de municipios con más de mil habitantes y a los presidentes de entidades supramunicipales que no han rendido las cuentas correspondientes a uno a la totalidad de los ejercicios sometidos a fiscalización.
