Las primas a las energías verdes serán el grueso del coste del Plan de Energías Renovables (PER), más de 18.500 millones acumulados hasta 2020, tal como figura en la memoria económica de una nueva ley que transpone la directiva europea que fomenta el consumo de estas energías. Esos costes se compensarán a partir de 2018 con los ahorros derivados de la caída de las importaciones de gas natural y carburantes.
El Ministerio de Industria está a punto de presentar a las empresas afectadas el Plan de Energías Renovables 2011-2020. Aunque el texto es confidencial, el departamento que dirige Miguel Sebastián ha incluido los datos del impacto económico del mismo en la memoria del anteproyecto de Ley de Eficiencia Energíética y Energías Renovables, que aún no ha llegado al Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso CincoDías. Esta nueva norma complementa a la Ley de Economía Sostenible, que entró en vigor hace dos meses, y supondrá la transposición de la directiva europea de hace dos años, que exige que en 2020, un 20% del consumo bruto final de energía proceda de renovables (un 10%, en el caso del transporte).
Según la citada memoria, los costes de las medidas para incentivar el consumo de renovables crecen de forma paulatina en el periodo: desde los 529 millones este mismo año, hasta los 2.658 millones en 2020, en total, más de 18.500 millones (ver cuadro). Estos costes los pagarán en su mayor parte los ciudadanos, a travíés de las primas a las renovables que se financian con la tarifa elíéctrica y en mucha menor medida la Administración, que solo asumirá una sexta parte (unos 3.000 millones), mediante subvenciones, financiación y efectos fiscales.
Es llamativo que las primas a las renovables previstas en ese cuadro económico para 2011 solo suponen 476 millones de euros, cuando solo las liquidadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el mes pasado representan el doble de esa cantidad.
Frente a esos costes, los beneficios que el ministerio prevíé, y que se derivan del menor consumo de combustibles fósiles, serán superiores a los costes a partir de 2018, hasta llegar a los 3.813 millones de euros en 2020. Esta cifra sería muy superior (4.347 millones) si no se tuviera en cuenta la menor recaudación del impuesto de hidrocarburos por el menor consumo de gasolinas y gasóleos, que va desde los 236 millones este año a 534 millones al final del plazo fijado para el PER.
Estos ahorros se traducirán, según las estimaciones del Gobierno, en un fuerte impacto sobre el sector del gas natural y de los carburantes, que verán reducir de forma considerable las importaciones.
Además de estos ahorros, y de otros beneficios, como por ejemplo los derivados del desarrollo tecnológico, la reducción de emisiones de CO2 supondrá un ahorro añadido de hasta 802 millones en 2020.
Por su parte, las medidas previstas en la nueva ley en trámite implican unas inversiones acumuladas 24.145 millones de euros (1.948 millones anuales), y un apoyo público acumulado de 3.673 millones. En cuanto al impacto medioambiental, se evitarán, según la memoria económica de esta norma, 97,7 millones de toneladas anuales. El ahorro en el comercio de emisiones se podrá destinar a primas a las renovables.
La mayor parte de las medidas que incluye la futura ley de Eficiencia Energíética y Energías Renovables son una refundición de normas que ya están vigentes, como las obligaciones impuestas a las Administraciones de consumo de biocarburantes o uso de vehículos elíéctricos en sus flotas.
'Electrolineras' en todas las nuevas viviendas
Gran parte del contenido del anteproyecto de ley de Eficiencia Energíética y Energías Renovables es una refundición de normas que ya existen. Tal es el caso de la modificación de los impuestos especiales para gravar más a los vehículos más contaminantes, que fue aprobado hace dos años por el Gobierno.
Sin embargo, no faltan algunas novedades. Así, se prevíé cambiar la normativa tíécnica de edificaciones para incorporar la obligación de que todas las viviendas o edificios de nueva construcción tenga puntos de recarga para coches elíéctricos. Tambiíén pueden instalarse electrolineras en los aparcamientos o garajes; en las vías públicas (se reservará suelo público con este fin) y en las áreas de servicio de las carreteras estatales.
El anteproyecto de ley establece tambiíén que si los Gobiernos autónomos fijan tasas sobre los peajes de acceso a las redes, los consumidores de esa comunidad pagarán un recargo en la tarifa para sufragar ese coste, situación en la que están varias autonomías. Por contra, el texto no dice nada respecto a los impuestos que graven la generación elíéctrica.
Otra novedad es un cambio en la financiación del transporte público en función de su eficiencia energíética. Además, la norma incentiva la cogeneración elíéctrica y las redes de calefacción y refrigeración urbana y de agua sanitaria.
En cuanto a las primas a la generación con energías renovables, el texto deja claro que se mantendrán hasta que dichas energías sean competitivas.
Por último, se establece un ríégimen de sanciones, que oscila entre multas de 300 a 300.000 euros, en función del incumplimiento de las obligaciones que marca la ley.
La última reforma energíética
El Gobierno quiere abordar a bombo y platillo la que podría ser su última gran reforma energíética, que incluye tres leyes (por el momento, anteproyectos) que suponen la transposición de otras tantas directivas comunitarias. Por un lado, las dos directivas sobre normas comunes de los sectores del gas y la electricidad (conocidas como el tercer paquete) y, por otro, la ley de Eficiencia Energíética y Energías Renovables, que adapta la directiva 2009/28/CE que exige que en 2020 un 20% del consumo final bruto de energía provenga de fuentes renovables.
Aunque esta última transposición se podría haber incluido en las dos primeras, el Gobierno ha considerado que esta norma medioambiental puede resultar más rentable políticamente. Ello a pesar de que está cargada de retórica, según fuentes jurídicas. Además, a esta norma se le une el Plan de Energías Renovables 2011-2020 (la norma establece la elaboración y aprobación de este tipo de planes y otros como el de cogeneración), que se presentará en breve.
En todo caso, así como los dos anteproyectos sobre el mercado del gas y la electricidad ya han pasado el filtro de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el de eficiencia energíética encontró algunos reparos en la Comisión de Subsecretarios, tras algunos reparos del Ministerio de Economía a su contenido.
La norma establece la creación de un consejo asesor que dependerá del Ministerio de Industria y que hará un seguimiento y evaluación del desarrollo tecnológico en el campo de la eficiencia energíética.
Contra la luz excesiva
La nueva norma en trámite quiere evitar la contaminación lumínica. Para ello establece que el alumbrado exterior ilumine solo aquellos espacios a los que se pretenda dar luz y prohíbe las emisiones luminosas hacia el cielo o hacia espacios ajenos.
