La administración concursal de Carcesa, una de las compañías de Nueva Rumasa, cerró ayer la venta de su filial Quesería Menorquina al equipo directivo y los trabajadores de la firma por un euro, además de asumir una deuda de 35 millones.
El acuerdo, que supondrá la creación de una sociedad cooperativa, depende ahora de que sea validado por el juzgado que gestiona el concurso. Quesería Menorquina, que fue comprada por los Ruiz-Mateos al grupo norteamericano Kraft, es dueña de marcas como Tranchettes o Santíé.
Fuentes próximas a los Ruiz-Mateos, que están apartados de la gestión, han apuntado que la operación de venta, que cuenta con el apoyo del Consell de Menorca, se cerró ayer, despuíés de varios meses de formulación de esta iniciativa de compra, primero a la familia Ruiz-Mateos y más tarde a la administración concursal.
Ayer, por otro lado, compareció en rueda de prensa la ex presidenta del Rayo y matriarca del clan, Teresa Rivero, junto a sus hijos ílvaro y Javier, para explicar la operación de venta del equipo de fútbol madrileño. Según Rivero, el acuerdo ha sido posible despuíés de que el nuevo propietario, el empresario madrileño Raúl Martín, "ha llegado a un acuerdo para aplazar el pago de la deuda a Hacienda con la Agencia Tributaria y la Fiscalía".
Martín ha comprado el Rayo a cambio de asumir el pago de los compromisos financieros, que se elevan a más de 40 millones. La familia Ruiz-Mateos negó que el empresario fuese un testaferro o tuviese ningún tipo de relación con ellos, tal y como se había dicho. "No vuelvo al Rayo ni con dinero. Pero tambiíén hay que mirar cómo estaba el club cuando lo compramos, con ratas por el campo, y cómo lo dejamos, a las puertas de Primera División", aseguró Teresa Rivero.
Descartada su expropiación
La familia tiene, además, un motivo menos de preocupación. En una respuesta parlamentaria al diputado de IU Gaspar Llamazares, el Ejecutivo ha descartado por completo la posibilidad de expropiar Rumasa, asegurando además que no se puede hacer un "paralelismo" con el proceso iniciado en 1983, que se efectuó en aras "de la defensa de la estabilidad del sistema financiero".
El Gobierno asegura que no se ha planteado tampoco la opción de intervenirla y designar un administrador para garantizar su continuidad.
