La ministra de Economía ha pedido a su equipo que la norma se tramite con urgencia para que sea aprobada en el Consejo de Ministros del 10 de junio.
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha hecho caso omiso a las peticiones de la banca para que no interviniese por ley el mercado de depósitos. Salgado ha decidido acelerar la aprobación de la norma y ha pedido a los equipos tíécnicos de su gabinete que se tramite con carácter de urgencia: será aprobada en el Consejo de Ministros del 10 de junio, según lo previsto por Economía, y entrará en vigor inmediatamente despuíés.
La normativa establece que aquellas entidades que comercialicen depósitos de alta remuneración tengan que hacer una aportación adicional a su Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), lo que desincentiva la comercialización de estos productos.
El Real Decreto, que Salgado sometió a consulta al sector financiero en abril, está ahora en el Consejo de Estado. La próxima semana volverá al Ministerio de Economía y Salgado quiere someterla a aprobación el día 10. En un principio, Economía quería penalizar aquellos depósitos a más de un año que superasen el euribor a seis meses más 150 puntos básicos.
Con la cotización de ayer, significaría que todos los productos que ofreciesen más de un 3,2% supondrían una penalización para la entidad. En la redacción de la norma que ha ido al Consejo de Estado, se penalizarán aquellos depósitos que superen el euribor a 12 meses más un diferencial de 100 puntos básicos: a partir del 3,1%. Desde el punto de vista comercial, los cambios realizados no suponen modificaciones en la práctica.
Las dos patronales bancarias (AEB –de los bancos–y Ceca –de las cajas–) han reaccionado de forma desigual ante este ejercicio de intervencionismo del Gobierno. Santander ha sido la única entidad que ha defendido su idoneidad. La de los bancos ha rechazado de plano el proyecto, ya que considera que se trata de dar un paso atrás en la regulación del sistema financiero y volver a la etapa de los tipos regulados.
La de las cajas ha argumentado, por su lado, que puede generar una ventaja para los bancos extranjeros que actúan como sucursal en España (ING y Banco Espirito Santo, que no realizan aportaciones al FGD). Además, habían solicitado al Gobierno que tomase una referencia de plazo mayor (euribor a un año o más, en lugar de a seis meses) para penalizar los depósitos a un año, lo que daría margen de maniobra a las entidades para ofrecer depósitos más caros.
La guerra del pasivo, que iniciaron Santander y Popular en marzo de 2010, en la principal causante de la reducción de los márgenes de la banca. Las cajas de ahorros más díébiles se lanzaron el año pasado a competir con estos bancos en busca de liquidez, ante las dificultades que encontraban en los mercados mayoristas para financiarse. Muchos analistas y banqueros han advertido que esta estrategia (dar críéditos baratos y comprar pasivo a mayor precio) es una tíécnica suicida que amenaza la viabilidad de las entidades que no tengan músculo financiero para resistirla.
Finalmente, el Gobierno ha aprovechado la transposición de una Directiva europea para poner esta norma en marcha. La norma europea recoge que las entidades que asumen más riesgo en sus políticas comerciales, deben aportar más a los fondos anticrisis.
Otro de los puntos que contempla el Real Decreto es la prohibición de que los directivos de la entidades que hayan recibido ayudas públicas no puedan recibir retribución variable, salvo autorización del Banco de España. En este punto tampoco ha accedido Economía a hacer ningún cambio.
