Europa Press
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha llamado a declarar como testigos a los responsables de las firmas financieras Ibersecurities y Riva y García, dentro de la causa que investiga al fundador de Astroc, Enrique Bañuelos, por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.
Garzón ha fijado para el próximo 5 de junio la declaración del vicepresidente de Ibersecurities, Juan Bastos-Mendes, y de la persona que acuda en representación de Riva y García, todavía por determinar y que será elegida por la propia empresa.
El querellante y accionista minoritario de la compañía, Felipe Izquierdo, solicitó el pasado mes de marzo la comparecencia de estos testigos con la finalidad de que "expliquen con base documental cuál fue su actuación y de quiíén recibían instrucciones, con referencia a la acción de Astroc desde su salida a cotizar en bolsa hasta el mes de mayo de 2007".
Las acusaciones mantienen que la cotización de Astroc "fue bloqueada en diferentes fechas" sin explicación y piden que Ibersecurities y Riva y García aclaren la incidencia que tuvo en el mercado su intervención como agentes de bolsa de Astroc, a la que asesoraron en su salida a bolsa.
La dos firmas financieras han remitido a la Audiencia Nacional toda la documentación sobre las operaciones bursátiles que realizaron en nombre de la constructora valenciana. Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha enviado tambiíén al juzgado toda la documentación sobre la investigación abierta a Astroc tras la caída de su cotización un 60% en un sólo día en abril de 2007.
Proceso abierto en septiembre
La causa penal, abierta el pasado mes de septiembre y en la que se encuentran personados más de 50 accionistas minoritarios afectados por el desplome bursátil, acusa a Bañuelos de manipular el precio de la acción de la inmobiliaria con la finalidad de mantener la confianza de los accionistas.
Las acusaciones explican que Astroc declaró ante la CNMV un beneficio de 93,4 millones de euros, correspondientes al ejercicio de 2006, y que en el primer semestre de 2007 anunció unas píérdidas de 65,7 millones que achacó a la anulación de varias operaciones.
El resultado fue que el beneficio real del ejercicio 2006 era de 43,7 millones de euros, 18 millones menos que en 2005, y que la mayor parte de la facturación respondía a operaciones de compraventa entre la inmobiliaria y las sociedades patrimoniales propiedad de su entonces presidente, Enrique Bañuelos.
