La compañía abonará al Estado entre 300 y 450 millones por el desempleo de los 8.500 empleados del ajuste
Telefónica ha decidido hacerse cargo del coste del desempleo de los trabajadores que vayan al paro tras acogerse al expediente de regulación de empleo (ERE) que aplicará la compañía en su filial española y al que podrán acogerse un máximo de 8.500 trabajadores en los próximos cinco años. Cuando se aplica un ERE, los dos primeros años el trabajador que se acoge al mismo cobra la prestación del desempleo del INEM, que además tiene que satisfacer su cotización a la Seguridad Social. El coste estimado en el caso de Telefónica será de entre 300 y 450 millones de euros, según las primeras estimaciones, informaron en fuentes de la compañía.
La empresa responde así a la demanda del Gobierno que, por boca su ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, había exigido que al tratarse de una empresa con beneficios debía ser la empresa la que se hiciera cargo de ese concepto. La dirección ha comunicado esta intención al comitíé de empresa en la reunión que han mantenido esta tarde para negociar las condiciones del ERE.
En ese encuentro, la empresa ha señalado que los trabajadores que se apunten al ERE tienen el derecho de cobrar sus prestaciones del INEM como cualquier otro empleado, puesto que tanto ellos como la compañía han satisfecho sus cotizaciones. Sin embargo considera que, en las actuales circunstancias de crisis económica y necesidad de austeridad de las cuentas públicas, Telefónica, como empresa de referencia, debe lanzar un mensaje de compromiso con el país, informaron en fuentes de la negociación.
Este asunto era uno de los principales escollos en la negociación para sacar adelante el ERE con el consenso de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. De hecho, este último sindicato había considerado "imprescindible" que Telefónica asumiera el gasto del desempleo para firmar un acuerdo, mientras que UGT, que no se decantaba por ninguna solución, advirtió que no permitiría que el coste recayera sobre el trabajador en forma de peores condiciones de salida. El grupo que preside Cíésar Alierta ya había comunicado verbalmente al ministro de Trabajo su disposición a aceptar esta exigencia.
La decisión de Telefónica pone tambiíén al descubierto las contradicciones del Ejecutivo en esta materia, ya que Trabajo si está dispuesto a qiue el Estado asuma el coste del desempleo de los trabajadores de las cajas de ahorro que se acojan a los ERE dentro de la reestructuración del sector. Estas entidades financieras, que han declarado casi todas beneficios en 2010, han anunciado ajustes para un total de 13.000 empleados, con un coste para el Estado de unos 700 millones de euros.
Trabajo prepara una reforma, cuya entrada en vigor está prevista para julio, de las políticas activas de empleo para que las empresas con beneficios que promuevan ERE que afecten a trabajadores mayores de 50 años compensen a las arcas públicas por el coste de la protección por desempleo. Según el calendario que maneja el Gobierno, esta norma entrará en vigor en julio.
